Once empleados del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) serán juzgados en la provincia, acusados por la brutal muerte de un interno que, según la investigación, fue torturado durante varios días hasta que murió dentro del penal de Bouwer, en 2023.
La víctima, César Darío Moreno, padecía problemas de salud mental. Según pudo determinar la investigación, el hombre fue golpeado 66 veces y permaneció atado en una celda durante dos días.
De acuerdo con medios locales, nueve de los imputados están acusados por el delito de tortura seguida de muerte. Entre ellos se encuentran un médico clínico y una psiquiatra; los demás son guardiacárceles.
Por su parte, el exdirector del módulo MD1 del penal de Bouwer enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El restante acusado es un enfermero, imputado por omisión de denuncia de la tortura.
La causa fue investigada por el fiscal del Distrito 1, Turno 3, José Mana, quien dispuso la elevación a juicio. Actualmente, la mayoría de los acusados se encuentra detenidos en la misma unidad penitenciaria donde ocurrió el homicidio.
El caso
El medio local La Voz de Córdoba informó que Moreno fue detenido el 16 de septiembre de 2023 en una panadería del barrio Nueva Córdoba, en la capital provincial. No registraba antecedentes penales.
El hombre, de 50 años y con diagnóstico de trastorno bipolar, había interrumpido su medicación, lo que derivó en una crisis psiquiátrica. Por ese motivo fue retenido por la Policía y posteriormente trasladado a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA). Más tarde fue ingresado en la cárcel de Bouwer, donde moriría días después.
Según la reconstrucción, el 18 de septiembre de 2023 se produjo el episodio que desencadenó la agresión. Ese día Moreno protagonizó un altercado con un guardia de seguridad, al que golpeó en el rostro. A partir de allí, otros agentes lo redujeron a golpes y lo trasladaron a una sala médica sin cámaras de seguridad.
En ese lugar habrían comenzado las torturas. De acuerdo con la investigación, fue brutalmente golpeado en presencia de un médico que habría autorizado el procedimiento.
Luego lo inmovilizaron de muñecas, tobillos, muslos y pecho, y lo mantuvieron retenido en una camilla durante 48 horas sin atención médica adecuada.
“Fue golpeado de manera brutal. Fue maniatado. Después, no fue higienizado, no fue controlado de manera adecuada”, señalaron fuentes a ese medio.
Además, fue dejado semidesnudo y obligado a hacer sus necesidades sobre su propio cuerpo. También se le administró medicación inyectable a escondidas, sin que quedara registrada en su historia clínica.
Otro punto relevante de la causa es que la psiquiatra del penal lo habría atendido durante ese período y convalidado el procedimiento, pese a las condiciones en las que se encontraba. Durante ese tiempo, Moreno solo habría recibido cantidades mínimas de agua y alimento.
Según el informe forense, la causa de muerte fue un “tromboembolismo pulmonar agudo”, provocado por la inmovilización prolongada y los golpes -66 en total- que sufrió.
Los acusados
Los guardias Mariano Santucho, Leonel Vaquel, Nicolás Cebrero, Roberto Molina, Lucas Argüello y Néstor Bazán están detenidos con prisión preventiva, así como el médico Ignacio Eduardo Segovia. La psiquiatra Ana Laura Grassi recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por haber sido madre.
Por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, el único acusado es Pablo Luján, quien se desempeñaba como jefe del módulo donde estaba alojada la víctima. En tanto, el enfermero Martín Lautaro Aracena está imputado por omisión de denuncia de hechos de tortura.
De acuerdo con la investigación, la causa establece una relación directa entre los hechos de tortura y la muerte de la víctima.
La figura penal de tortura seguida de muerte contempla la imposición intencional de sufrimientos graves, ya sean físicos o psicológicos, y prevé como sanción la pena de prisión perpetua.
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