El papá del soldado que se suicidó en Olivos por una extorsión apuntó contra Kicillof

Rodrigo Andrés Gómez, el soldado de 21 años que prestaba servicios en la Quinta de Olivos y se suicidó el 16 de diciembre del año pasado, en horas de la madrugada mientras cumplía una guardia en uno de los puestos de vigilancia del predio, resultó ser víctima de una red de extorsionadores que operaba desde penales de la provincia de Buenos Aires.

Según la Justicia, la organización delictiva utilizaba aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas y, mediante amenazas, exigirles dinero bajo la promesa de evitar denuncias falsas.

Juan Carlos Gómez, padre del conscripto fallecido, cuestionó la presencia de teléfonos en las cárceles y apuntó a la responsabilidad de la administración bonaerense al permitir que los internos mantuvieran comunicación y coordinaran estas maniobras.

“Lo empezaron a apretar el 15 al mediodía y para la madrugada del 16 ya había tomado esta decisión. No le dieron una salida, lo hostigaron y no le quedó otra. No le dieron tiempo de reaccionar y comunicarse con nosotros”, dijo Gómez en diálogo con TN.

Además, el padre del soldado apuntó directamente a la gestión del gobernador Axel Kicillof. En declaraciones a LN+, acusó al Ejecutivo provincial de “que esto pasó, pasó en su cárcel”, lo tildó de y afirmó que “presupuesto tienen, plata ahí en el bolsillo, pueden comprar inhibidores pero como yo sé que son unos ratas, se van a esconder y prefieren llevar la plata ahí en el bolsillo y no ayudar a su gente que está ahí afuera”. Y manifestó, luego de tildar nuevamente de “ratas” a Kicillof y a Seguridad provincial, que en las penitenciarías “es moneda corriente tener un teléfono, notebook”, y pidió que “pongan más mano dura en las cárceles”.

También añadió, entre el dolor y la bronca: “Si (Kicillof) pusiera un poco de plata y comprara inhibidores, no pasaría esto”. Además, el padre del soldado fallecido remarcó que ningún funcionario bonaerense se comunicó con su familia y criticó: “Están todos perdidos, metidos en un pozo, porque no salen, ni el gobernador ni el ministerio de Buenos Aires se hizo presente”, lamentó.

Pero valoró el acompañamiento de la Policía Científica, de la jueza que intervino y señaló que el presidente Javier Milei se comunicó para expresar su apoyo y pedir que el caso se esclarezca con celeridad. “Me apoyó en todo y me dijo que esto tenía que salir a la luz lo antes posible por la integridad de mi hijo”, dijo a LN+.

La familia mantiene el orgullo por Rodrigo y advierte que la amenaza de las redes de extorsión sigue latente: “Esto le puede volver a pasar a otra familia, fue un hostigamiento al suicidio. Si no se ponen las pilas los gobernadores o el Ministerio de Seguridad de la Provincia va a ser como tirarle un balazo al cielo”, dijo Gómez padre.

En el cierre de sus declaraciones, Juan Carlos le recomendó a otros padres conversar con sus hijos sobre los peligros de las estafas virtuales: “Que averigüen primero, que no les pase lo que nos pasó a nosotros. Si alguien se hace pasar por policía, que hablen con la familia antes de hacer nada”, finalizó.

El impacto familiar fue inmediato y devastador. Juan Carlos reveló que el hermano del soldado también formaba parte del Ejército, pero decidió retirarse de la Fuerza tras el suceso.

Rodrigo Gómez había elegido la carrera militar desde niño, soñaba con avanzar en el Ejército Argentino y continuar sus estudios para ingresar a la Fuerza Aérea. Su familia lo describió como un joven reservado, apegado a su hogar y sin vicios. “Se le cruzó esto en el camino y no se supo defender”, lamentó su familia, al tiempo que subrayó que la experiencia “le truncó la vida por estos inconscientes”.

El modus operandi de la banda y el comunicado de Monteoliva

Gómez, según determinó la causa, fue el blanco de un clásico engaño del mundo del delito que comenzó en la pandemia del coronavirus y se repitió a lo largo de los últimos años.

Un hampón -amparado por una red de cómplices- lo contactó en la app de citas Evermatch con un falso perfil de mujer. Luego, el contacto siguió. Esta vez, lo llamó un falso policía, quien lo acusaba de entablar una relación con una menor de edad.

Durante una conferencia de prensa, Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad de la Nación) y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dio a conocer una carta de despedida de Gómez que hacía referencia explícita a la aplicación de citas y a supuestos policías que le exigieron pagos para impedir una denuncia que nunca existió.

El documento expresaba: “Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas”, y explicitaba el temor del joven a decepcionar a su familia: “Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos”.

El último tramo de la investigación permitió identificar y detener a siete integrantes de la banda, incluidos reclusos que actuaban desde los penales de Magdalena y Olmos y mujeres que facilitaban las transferencias. Los fondos pasaban por cuentas de estas cómplices y luego se distribuían para dificultar el rastreo.

Los sospechosos fueron identificados rápidamente. Esa banda, de acuerdo a la investigación, tiene un jefe: el ladrón matancero Tomás Francavilla. Oriundo de San Justo, de 22 años, Francavilla fue condenado en 2024 por el Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza a tres años y diez meses por robo a mano armada, con un antecedente por el mismo delito que data de 2022.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el preso y sus seis cómplices, todos miembros de una banda extorsionadora que operaba con una aplicación de citas desde cárceles bonaerenses, serán indagados por estas horas. Luego la Justicia definirá donde serán trasladados y alojados.