El Gobierno de Uruguay presentó al Parlamento el proyecto de ley para ratificar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, abriendo un proceso legislativo que las autoridades buscan concluir antes de finalizar febrero.
El canciller Mario Lubetkin entregó el documento a la presidenta en funciones de la Asamblea General, la senadora Blanca Rodríguez, quien anunció la creación inmediata de una Comisión Especial en el Senado con 15 integrantes para tratar el tema.
La comisión iniciará su trabajo el martes 17 de febrero y convocará a distintos ministerios y representantes de los sectores productivos y laborales.
El 27 de enero, Lubetkin había entregado una “versión sin pulir” del acuerdo al Parlamento para que los legisladores pudieran revisar el contenido, mientras aguardaban los textos certificados de Paraguay, país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur. Lubetkin expresó la intención de que Uruguay sea el primer país en ratificar el acuerdo.
Aunque Uruguay fue el último socio del bloque en enviar el texto al Legislativo, mantiene la meta de ser el primero en validarlo.
El senador Daniel Caggiani aseguró que el objetivo es aprobar el acuerdo en ambas cámaras antes de marzo, anticipándose a los plazos previstos por Brasil y Argentina.
Por su parte, Rodríguez resaltó la importancia del acuerdo y afirmó que inicia “un proceso que pretenden que sea profundo, rápido y eficiente”.
La senadora remarcó el impacto económico inmediato, destacando que el sector arrocero, principal exportador del bloque a Europa, dejará de pagar los 70 millones de dólares anuales en aranceles, y que se abrirán oportunidades para la pesca, los cítricos y la miel.
El avance en Uruguay coincidió con la aprobación en el Parlamento Europeo de las cláusulas de salvaguarda para proteger a los agricultores comunitarios, que permitirán actuar antes de lo previsto ante aumentos de importaciones o bajas de precios en productos sensibles para el sector primario de la UE.
Estas salvaguardias, tramitadas en paralelo al acuerdo, podrán activarse si la UE decide aplicar el pacto provisionalmente mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea evalúa su legalidad, como solicitó la Eurocámara.
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