La Justicia de Córdoba dejó en libertad con tobillera electrónica al empresario acusado de vender armas a grupos terroristas

Un juez federal de Córdoba otorgó la libertad con tobillera electrónica para el empresario Diego Hernán Dirisio y su pareja, Julieta Nardi, exmodelo paraguaya, quienes están acusados de venderles más de 90 armas de fuego de manera ilegal a los grupos terroristas brasileños PCC y Comando Vermelho. La medida llega mientras se resuelve el pedido de extradición de Dirisio a Brasil.

Ambos fueron detenidos en febrero de 2024 cerca de su domicilio en el barrio Cerro de las Rosas en Córdoba, tras una alerta roja de Interpol y un pedido de captura internacional activo desde el 5 de diciembre de 2023.

El pedido fue realizado por el Segundo Juzgado Federal Criminal del Estado de Bahía (Brasil), que les imputa cargos de tráfico internacional de armas, lavado de dinero y organización criminal.

La investigación, según datos oficiales del Ministerio de Seguridad, reconstruyó el modus operandi que permitió legalizar la importación de armas en Paraguay por parte de la empresa presidida por Dirisio y administrada por Nardi, como vicepresidenta. Desde ese punto, las armas, adquiridas en Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia, salían del circuito regular mediante maniobras ilícitas que las redireccionaban a territorio brasileño para abastecer al crimen organizado.

El proceso financiero que sustentaba el tráfico recurría a envíos de fondos y pagos desde Paraguay a un cambista en Kansas, Estados Unidos, quien luego los desviaba hacia Europa para efectuar los pagos internacionales por los lotes de armamento. Esta operación requería la colaboración de una red de “doleiros”, cambistas informales que operaban interconectados entre Paraguay y Estados Unidos, garantizando que los movimientos de dinero permanecieran fuera del alcance de sistemas de detección.

Entre las tácticas empleadas para ocultar la verdadera escala y destino de las armas, la empresa simulaba ventas minoristas en Paraguay: pequeñas transferencias de dos o tres armas en cada caso, ofrecidas a personas sin la capacidad financiera necesaria, identificadas como empleados, jornaleros o estudiantes. Estas operaciones encubrían el desvío masivo de armamento hacia Brasil mediante un tercero, encargado de los contactos con las células criminales.

Los procedimientos logísticos incluían la intervención de la Dirección de Materiales Bélicos de Paraguay, organismo que, según la investigación, omitió controles clave, permitiendo tanto el ingreso como la salida ilícita de armas suministradas por la empresa de Dirisio.

Antes de arribar a su destino en Brasil, las armas pasaban por Ciudad del Este, donde se les eliminaban los números de serie para impedir su trazabilidad. El Ministerio de Seguridad destacó que varias de ellas fueron legalmente importadas en Paraguay desde 2012, pero la totalidad terminó suministrando a los grupos criminales en Brasil.

La detención final se produjo en la ciudad de Córdoba, después de localizar a los fugitivos tras seguimientos encubiertos y verificación de identidades.

Ahora, la situación judicial de Dirisio cambió. El proceso de extradición solicitado por Brasil se encuentra en pausa y la decisión final está en manos de la Corte Suprema.

El juez federal del Estado de Bahía, Fabio Moreira Ramiro, suspendió todas las actuaciones en Brasil hasta que prospere o se descarte la extradición.

Su abogada, Angela Burgos, viajó especialmente a Salvador de Bahía para reunirse con el magistrado.

En simultáneo, la defensa solicitó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se abrió un expediente y se expidió un pedido de medidas cautelares. Según Burgos, existen presuntas irregularidades en el proceso que se le sigue a su cliente en el sistema judicial brasileño. La letrada asegura: “No existe ninguna prueba concreta que indique que Dirisio sea un traficante de armas”.

Dirisio y Nardi obtuvieron la libertad hace una semana e implica una caución real de $10 millones, garantizada por la propia Burgos. En un primer momento, la defensa precisó que la medida no contemplaba prisión domiciliaria, aunque sí prohíbe que Dirisio salga del país. “Me ofrecí como garantía de cumplimiento de la medida de libertad. En caso de incumplimiento, soy yo quien responde”, detalló la abogada.

Sin embargo, este jueves, el juez federal N.° 3 de Córdoba capital, Miguel Hugo Vaca Narvaja, dispuso la prisión domiciliaria para Dirisio, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Voz.

Dirisio afirmó que el requerimiento judicial brasileño responde a una “persecución” impulsada por un militar paraguayo y miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas.

El acusado sostuvo que las imputaciones en su contra se basan en cargos falsos y denuncias infundadas, y vinculó la situación con una denuncia previa sobre supuestas irregularidades en un acuerdo entre un general paraguayo y una empresa ligada a las Fuerzas Armadas de Brasil.