La interna judicial y narco detrás del incidente en el juzgado de San Martín

Un tenso y llamativo episodio ocurrió este miércoles en uno de los edificios judiciales de San Martín. Allí, de acuerdo a diversos reportes, una turba protestó por la liberación de 11 detenidos que habían sido capturados el pasado 23 de enero en la Villa Loyola, ocho de los cuales estaban presos en una causa a cargo del magistrado Nicolás Schiavo, titular del Juzgado de Garantías N°5 del distrito.

En declaraciones a la prensa, Schiavo aseguró que los violentos que ingresaron a su despacho “tenían armas blancas”. Mientras diversas versiones periodísticas indicaron algo peor todavía: que los manifestantes habrían sido enviados por Max Alí Alegre, alias “Alicho”, uno de los mayores capos narco de San Martín.

“Alicho” es el virtual regente de la Loyola y enemigo de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, condenado y preso en el penal de Ezeiza bajo un régimen de máxima vigilancia.

Otros sectores, en cambio, intentan bajar los decibeles de la polémica. Un reporte policial de la jornada asegura que la Policía Bonaerense despachó patrulleros tras recibir una alerta al 911 del juzgado contiguo, el N°4.

“Se informa la presencia de aproximadamente 20 personas, manifestándose de forma pacífica, sin corte de arterias ni obstrucción del tránsito”, afirma el reporte. “Comentario en la carta de servicio indicando que manifestantes habrían ingresado al juzgado”, continúa. “El personal en el lugar confirma que los manifestantes se retiraron voluntariamente, no ingresaron al juzgado, no produjeron incidentes, no aportaron datos personales, ni se registraron hechos de violencia”, finaliza, casi contradictoriamente.

Vista desde cualquier óptica, la situación revela un frente doble de conflicto con internas calientes, tanto para la Justicia como para el negocio de la droga en San Martín, un universo siempre al borde de explotar.

Para entender la situación, precisamente, hay que analizar estas dos partes y cómo se entrelazan entre sí.

El negocio de la droga

Once sospechosos, tres menores y ocho adultos, fueron detenidos en la Avenida de los Constituyentes al 2300 por personal de la Comisaría 6° de San Martín. Se habrían congregado allí, en la periferia de la Loyola, aparentemente. Al ver a los patrulleros que pasaban por la zona, varios comenzaron a correr. Otros se resistieron al arresto.

Así, la Policía Bonaerense los registró. Les encontraron, siempre según el reporte, más de 120 balas y cartuchos, un fusil calibre 12/70 y una pistola Browning 9 milímetros, chalecos antibalas con las marcas de la Bonaerense y de la Policía de la Ciudad, y una moto.

El mismo reporte asevera que los detenidos, con edades de 13 a 24 años, responderían a “Alicho” Alegre. Terminaron acusados de los delitos de resistencia a la autoridad y tenencia de arma de guerra.

Sin embargo, fuentes clave en la Justicia federal de San Martín no pueden asegurar que “Alicho” sea el jefe de los detenidos que fueron la causa del disturbio en el Juzgado N°5.

La lista de esos sospechosos apresados llegó a la Justicia federal. Todos los nombres son, más o menos, reconocibles por sus presuntos pasos en el submundo de San Martín. Ninguno integra las causas actuales de la banda de Alegre.

“No se puede decir que son leales de ‘Alicho’ porque son soldaditos que van al mejor postor, fusibles listos para quemar. San Martín es así”, afirma una fuente de máxima jerarquía: “Hay sospechosos en la zona que fueron vinculados tanto a Villalba como a Alegre”.

Hoy, “Alicho” -con 23 miembros de su banda detenidos y procesados por la jueza federal Alicia Vence- espera ir a juicio por varios motivos, entre ellos el crimen del policía federal Alan Dolz, baleado en 2017 en medio de una vigilancia encubierta en la Loyola.

Que el capo arriesgue su situación copando un juzgado a punta de cuchillo para salvar a meros fusibles parece insensato. Sin embargo, el incidente en el juzgado de Schiavo agitó la escena. Se esperan reuniones clave en los tribunales de San Martín, por fuera del magistrado, ante la posibilidad de que esta situación envalentone a las bandas.

Y en el medio está “Mameluco” Villalba, hoy con 63 años, que atraviesa un cáncer de próstata. Todavía preso, sigue al mando, a la cabeza de su extenso clan. Su posible muerte es una sombra sobre el delicado balance de poder de las villas. La misma fuente asevera: “El día que pase, agarrate”.

Qué pasa en la Justicia

Los ocho adultos detenidos en la Villa Loyola terminaron en el Juzgado N°5 -que pertenece al fuero de instrucción, y no al federal, donde es investigado Alegre- por un delito que no incluye la figura de narcotráfico.

Esto esconde otra pelea histórica: la que atraviesa el fuero de instrucción bonaerense tras la desfederalización de las causas por menudeo decidida en 2005, considerada por algunos impráctica y por otros, un fracaso.

“En San Martín, donde no existen los cuentapropistas, donde casi cualquiera que vende es parte de una estructura mayor, no tiene sentido”, asegura una alta fuente judicial: “En espíritu, estaba bien, pero no funcionó del todo, no en una jurisdicción así”.

El juez Schiavo se mantuvo tras el incidente en contacto con la Red de Jueces y Juezas Penales de la República Argentina y la Red de la Provincia de Buenos Aires, afirman altas fuentes tribunalicias a este medio. La Red emitió un comunicado para reclamar por la situación.

“La falta de medidas de seguridad adecuadas en los edificios judiciales de todo el país constituye una vulnerabilidad estructural que pone en riesgo no solo la integridad física de los justiciables, de jueces, juezas y trabajadores judiciales, sino la prestación de un servicio de justicia realmente adecuado a las expectativas de la ciudadanía y a la altura de la exigencia de nuestra democracia constitucional”, afirmaron.

El párrafo es básicamente una cortesía pública. La cuestión tiene otro fondo que va más allá de la mera custodia.

Una alta fuente continúa: “Las provincias adhirieron a la persecución penal de delitos de tráfico de droga menores, microtráfico. El problema es que, por una cuestión de proximidad, suelen intervenir en el inicio de la pesquisa juzgados de garantías provinciales, los cuales, frente a organizaciones de tráfico de drogas, se deben declarar incompetentes. El problema es que la Corte Suprema nacional rechaza esa incompetencia en definitiva. La investigación queda en juzgados provinciales que no disponen de infraestructura. No hubo transferencia de recursos a la provincia”.

Es decir, un juez como Schiavo no tiene las herramientas para responderle a Alegre, Villalba o quien sea. Por lo pronto, San Martín, al igual que La Matanza, tiene solo una fiscalía especializada en drogas.