
“Logramos un acuerdo que permitió tomar medidas importantes sin lesionar la no punibilidad, pero resguardando los intereses de las víctimas”. Eso dijeron los fiscales a la salida de la audiencia en Santa Fe en la que se definieron las medidas de seguridad para los dos chicos de 14 años involucrados en el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas en diciembre pasado tras haber sido emboscado por tres menores: una de 16 años, que está detenida, y los dos inimputables.
Toda la audiencia se hizo bajo un acuerdo de confidencialidad y en el marco del Código Procesal Penal Juvenil, que tiene herramientas para pedir medidas para los no punibles, pero pensadas en función de la víctima, los imputados y demás involucrados en la causa.
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“Estamos satisfechos con el resultado de la audiencia y las víctimas también, es algo que les preocupaba y reclamaban”, dijo el fiscal Francisco Cecchini, a cargo del expediente, y que estuvo acompañado por su colega de mayores Luis Schiappa Pietra.
No se pueden ventilar detalles de la audiencia ni de las medidas adoptadas para con los dos cómplices de la adolescente presa por el crimen de Jeremías, pero sí que la decisión tomada fue articulada con todos los organismos del Poder Ejecutivo provincial y dentro de lo que está previsto en la ley: en un abordaje multidisciplinario.
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La audiencia multipropósito comenzó a las 11 en el subsuelo de los Tribunales de la capital provincial, donde el fiscal Cecchini, los abogados querellantes, defensores particulares y la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia lograron un consenso con respecto al futuro de los implicados.
El juez Gustavo Urdiales homologó la resolución, cuya información fue brindada a los familiares de los menores no punibles, al tiempo que también participaron la madre de la víctima, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococioni; y el fiscal Schiappa Pietra, entre otras autoridades.
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“Estas audiencias muestran que podemos tener actividades coordinadas con distintos organismos del Estado que son relevantes y atinentes”, agregó Cecchini ante la prensa a la salida de la cita judicial.
Justamente 24 horas antes, en una decisión acertada, la Justicia de Santa Fe dictó la prohibición total para la difusión del video y el audio del crimen de Jeremías.
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Así lo confirmaron los abogados de la querella, Diego Martini y Bruno Rugna, quienes representan a la familia de la víctima y habían solicitado la medida cautelar la semana pasada. Los letrados destacaron la celeridad de la resolución a su pedido, en medio de la feria judicial.
El fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, al que accedió Infobae, impide que se pueda difundir el video o cualquier registro sonoro del ataque, material que había comenzado a circular por redes sociales y aplicaciones de mensajería a mediados de enero, y que luego replicaron algunos medios de comunicación.
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Los oficios comenzaron a ser enviados este martes a canales de televisión, medios digitales y redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (antes Twitter), TikTok y Telegram.
La orden instruye a estas empresas y a los medios a retirar, bloquear y eliminar cualquier registro vinculado al caso, ya sea en formato de video o audio, con advertencia de sanciones en caso de incumplimiento. Así lo dispuso la jueza Silvina Inés Díaz.
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La viralización del material audiovisual generó un fuerte impacto y reabrió el dolor de los allegados a Jeremías. En paralelo, la familia presentó una denuncia para que se investigue cómo llegó el video a manos ajenas al expediente judicial. Así, exigieron una revisión de la cadena de custodia y una mayor protección para las pruebas sensibles.
La causa tiene hoy a cuatro implicados. Dos están bajo arresto: una adolescente de 16 años detenida como coautora del homicidio y su madre, que quedó con prisión preventiva e imputada como partícipe secundaria tras una audiencia en la que el fiscal Cecchini sostuvo que la mujer habría prometido ayudar a los autores previo al ataque.
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El caso
Jeremías fue visto con vida por última vez el 18 de diciembre, cuando salió en bicicleta rumbo a Santa Fe. Cuatro días después, la Policía halló su cuerpo en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La autopsia determinó que recibió 23 puñaladas con un cuchillo y un arma blanca de fabricación casera.
Tras el hallazgo, la investigación determinó que la adolescente de 16 años citó a Jeremías y lo llevó al lugar donde estaban los demás implicados. Uno de los chicos de 14 años filmó el ataque.
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Mientras avanza el expediente, la familia continúa reclamando cambios en el régimen penal juvenil e impulsando la llamada “Ley Jeremías Monzón” para bajar la edad de imputabilidad en casos de delitos graves cometidos por menores.
En ese sentido, mantienen activa una campaña en redes sociales y puntos de la ciudad, donde se recolectan firmas para impulsar reformas legales y pedir justicia por Jeremías.
La familia habilitó una cuenta de Instagram llamada “Ley Jeremías Monzón” (@leyjeremiasmonzon) donde suben novedades y un enlace para descargar la planilla de firmas. También se puede acceder a una página web con información sobre los puntos de recolección y un espacio donde otras familias pueden dejar su testimonio y sumarse al mapa de casos.
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