Cayó una organización acusada de emitir facturas truchas: el fraude fiscal superó los $400 millones

La Justicia detuvo a al menos cuatro personas y secuestró documentación, computadoras, oro y dinero en una serie de allanamientos realizados en la provincia y Ciudad de Buenos Aires por una causa de facturación apócrifa.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo se llevó a cabo durante este jueves, luego de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la existencia de una organización dedicada a la confección y comercialización de facturas truchas.

El expediente lo tramita el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Isidro, con la intervención de la Fiscalía N°1 de San Isidro.

Concretamente, la investigación se originó por una alerta sobre una contribuyente que había declarado movimientos económicos que no coincidían con la actividad registrada.

A partir de esa pista, la Dirección Regional Neuquén de la DGI detectó una posible red de “usinas” de facturación falsa en el rubro de venta de artículos de relojería, joyería y fantasía. El monto total facturado por estas usinas habría superado los 400 millones de pesos.

Durante la investigación, los organismos hallaron más contribuyentes con perfiles similares. Las conexiones entre las distintas personas investigadas se establecieron por coincidencias en direcciones IP de las transacciones hechas con sus claves fiscales, domicilios, correos electrónicos y teléfonos informados ante ARCA.

En ese marco, la Justicia ordenó intervenciones telefónicas y allanamientos en domicilios para reunir pruebas sobre las maniobras denunciadas.

Según la información oficial, en los operativos fueron detenidos cuatro personas, que serían los organizadores de la asociación investigada.

En los domicilios allanados, además, las autoridades secuestraron computadoras, celulares, pen drives, lingotes de oro, dinero en efectivo y un rifle de aire comprimido.

Los procedimientos contaron con la participación de casi 50 funcionarios de la DGI, entre inspectores y abogados, junto a efectivos de la Policía Federal Argentina.

Las fuentes consultadas por este medio detallaron que la investigación continúa bajo reserva y no se descartan nuevas medidas en el expediente.

Un antecedente que terminó en condena

En abril del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín condenó a Adalberto Hugo Ceriotti y Mario Daniel Hosain a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por formar parte de una organización que vendía facturas truchas.

Esa causa llevó más de diez años de investigación y determinó que ambos colaboraron con 39 empresas para evadir impuestos, generando un perjuicio multimillonario al Estado.

El tribunal consideró probado que entre 2005 y 2010, Ceriotti y Hosain armaron una estructura estable dedicada a facilitar la evasión impositiva usando documentación falsa. Las maniobras se basaban en la creación de “usinas de facturación”, es decir, empresas o personas de escasos recursos que prestaban su nombre para emitir comprobantes apócrifos a cambio de un porcentaje del monto facturado.

Ceriotti, abogado de Salto, era quien diseñaba y supervisaba la arquitectura jurídica de estas usinas, coordinando la creación de sociedades simuladas desde su estudio jurídico. Hosain, analista de sistemas de Ciudad Jardín, se encargaba del aspecto tecnológico y comercial, ofreciendo abiertamente “soluciones impositivas” a empresas interesadas en reducir su carga tributaria, cobrando una comisión de entre el 7% y el 9%.

Durante la investigación, se comprobó que los condenados ofrecían servicios de “venta de facturas” para presentar ante la AFIP. El perjuicio fiscal calculado superó los 50 millones de pesos de la época, aunque actualizado a valores actuales esa cifra treparía a más de 22.000 millones de pesos. ARCA también actuó como querellante en la causa.

El tribunal determinó que Ceriotti y Hosain fijen domicilio, se presenten y no salgan del país hasta que la sentencia quede firme. Además, desestimó el pedido de ARCA para quitarle la matrícula de abogado a Ceriotti por diez años, al considerar que ese planteo no estaba suficientemente fundamentado.