Felicitas, una ciudadana cordobesa de 22 años, que migró legalmente a Estados Unidos en 2023 con una visa de trabajo, permanece en libertad condicional tras haber sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Todo ocurrió cuando intentaba tramitar la residencia permanente, producto de haberse casado con un estadounidense.
La detención se produjo cuando asistía al último trámite del ajuste migratorio derivado de su matrimonio con Marcus, un ciudadano norteamericano, el cual fue celebrado en febrero de 2025. No obstante, la joven no esperaba ser arrestada y permanecer varios días encadenada en una celda.
“La tuvieron encadenada, con los tobillos esposados y una cadena que subía por la cintura y le sujetaba las muñecas”, describió la madre de Felicitas, Mariana Lozita, sobre los diez días de detención de su hija.
Según las declaraciones recopiladas por El Doce.tv, la mujer aseguró que el matrimonio no se esperaba enfrentar semejante dificultad. “Ellos fueron muy contentos porque era el último trámite, y de atrás salió una persona del ICE que la detuvo por permanecer en el país más tiempo del permitido por su visa”, relató.
“En marzo a ella se le vencía la visa, pero podía permanecer en Estados Unidos porque estaba en pleno trámite de ajuste sin necesidad de salir del país, ya que debía hacerse el reconocimiento del matrimonio”, explicó sobre el último paso que le faltaba completar.
Además, detalló que el 5 de diciembre su hija no fue trasladada a la audiencia judicial. Este hecho provocó la molestia de la jueza del caso, quien entonces fijó la fianza en el monto más bajo: U$D 1.500.
La joven había permanecido en el país al vencer su visa, amparada por el trámite de reconocimiento del matrimonio y un permiso para trabajar -otorgado después de la boda-, lo que le permitía continuar en el país sin necesidad de salir.
Sin embargo, fue arrestada de forma inesperada en una de las últimas instancias del proceso, cuando un integrante del ICE la detuvo por considerar que excedió el tiempo permitido de permanencia.
Tras recuperar la libertad, Felicitas debe portar una tobillera electrónica y aguarda el resultado de una audiencia de deportación que determinará su situación migratoria. Asimismo, no se trataría de la única extranjera en esta situación, luego de el gobierno estadounidense modificara una cláusula para acceder a la green card por casamiento.
El gobierno de EEUU podrá deportar a los extranjeros que se casen con estadounidenses para obtener la residencia
La reciente implementación de una nueva política migratoria por parte del gobierno de Estados Unidos introduce un giro sustancial en el proceso de solicitud de la residencia legal a través de familiares.
Ahora, quienes no posean un estatus legal vigente y soliciten la denominada “green card” podrían enfrentar procedimientos de expulsión aun cuando su petición familiar se encuentre en trámite, una condición que hasta este anuncio funcionaba como escudo ante posibles deportaciones.
La nueva política, detallada en el manual actualizado del USCIS y vigente desde el 1 de agosto, extiende su aplicación tanto a solicitudes en curso como a cualquiera presentada desde esa fecha. El organismo estableció que “una petición familiar no concede, por sí sola, un estatus migratorio ni impide la deportación”.
Así, la protección que proporcionaba la sola existencia de una solicitud se disuelve, facultando a las autoridades a “iniciar procedimientos de expulsión contra un solicitante en cualquier momento del proceso”, según destacó la abogada Elora Mukherjee al medio NBC News.
Las autoridades justificaron la reforma en busca de mayores estándares de verificación y prevención de fraudes. En una comunicación dirigida a NBC News, el USCIS señaló que la actualización introduce “mayor integridad en los beneficios y brinda nuevas oportunidades de evaluación”, incluyendo la exigencia de entrevistas presenciales.
El organismo argumentó que así se garantiza “la integridad del sistema migratorio de Estados Unidos” mediante un escrutinio “que prevenga, detecte y desarme fraudes y amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública”.
Hasta esta normativa, las familias no solían enfrentar audiencias migratorias durante el trámite salvo que mediara una falta grave, como violaciones criminales. Con este cambio, quienes permanecen a la espera podrían verse obligados a comparecer ante un tribunal y afrontar un posible proceso de expulsión, incluso sin tener antecedentes penales.
Finalmente, Mukherjee alertó sobre el potencial efecto disuasorio que podría generar la política si se aplica con rigor, considerando que “será un cambio radical en la aplicación de la ley migratoria y desalentará a personas que, siendo elegibles, buscan regularizar su situación”.
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