Cinco allanamientos en simultáneo en el noroeste del Conurbano bonaerense terminó el secuestro de más de 4.400 productos apócrifos de la marca Stanley y cuatro sospechosos detenidos, vinculados con el ingreso y venta de mercadería falsificada.
Los procedimientos fueron hechos por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, con la dirección de Investigaciones de Delitos Económicos, en una causa del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero de Juan Manuel Culotta, secretaría penal de Gregorio Rueda.
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Todo comenzó en el mes de septiembre, luego de detectar publicaciones en Instagram, TikTok, Marketplace de Facebook y sitios web de ventas que ofrecían termos, vasos y accesorios térmicos de la marca Stanley a valores sensiblemente inferiores al precio oficial.
Personal de la dirección a cargo del operativo identificó patrones en el diseño y colores de los productos, resultando evidente que no eran originales, además de la sospecha de un circuito paralelo de importación ilegal.

El primer hilo de la investigación condujo a A.A. y A.N.Z., una pareja que promocionaba mercadería apócrifa mediante videos en redes y operaba en dos locales comerciales en pleno centro de San Miguel. Allí, compradores acudían tanto por canales online como presencial, sin advertir la naturaleza fraudulenta de los artículos ofrecidos.
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La colaboración de empleados de la propia empresa Stanley fue decisiva para certificar la falsedad de los productos y su envoltorio, ambos copias fieles a simple vista, pero carentes de certificados sanitarios, condición que podría implicar un riesgo para la salud de los consumidores debido a los materiales utilizados en su fabricación.
Según informaron fuentes del caso, el valor en el mercado local de la mercadería secuestrada supera los 107 millones de pesos, cifra que da cuenta del alcance del negocio montado por la organización. Los productos decomisados se distribuyen en 2.912 termos, 810 vasos, 396 jarras, 197 mates y 111 bombillas Stanley.
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Además de los dos primeros puntos de venta, la pesquisa localizó otros tres locales abiertos al público en las ciudades de Malvinas Argentinas, todos ellos con depósitos donde guardaban y exhibían la mercadería recién llegada.
P.E.C. y B.M. regenteaban estos otros locales. Entre los cinco puntos de venta funcionaban como mínimo seis empleados informales que se encargaban de la atención al público y la logística, con una carga laboral cercana a las ocho horas diarias y sueldos promedio de 650.000 pesos al mes.

El ingreso al país de la mercadería fue detectado a través de un circuito irregular que iniciaba en el vecino país de Brasil, un factor que llevó a encuadrar la maniobra bajo infracción a la Ley Nacional de Marcas y Designaciones (22.362) y al Código Aduanero (22.415).
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El operativo incluyó el cumplimiento de cinco órdenes de allanamiento, avaladas por el magistrado interviniente, ejecutadas en la localidad de San Miguel (tres procedimientos), Grand Bourg y José C. Paz. Los procedimientos finalizaron con la detención de A.A., A.N.Z., P.E.C. y B.M., quienes fueron conducidos a declarar.
En todos los puntos intervenidos, los comercios operaban en zonas céntricas o barrios comerciales de alto tránsito, sin levantar sospechas entre clientes o comerciantes de la zona inmediata.
El flujo de ventas tenía la particularidad de combinar la distribución al por mayor y menor, tanto en formato presencial como a través de plataformas virtuales, lo que permitía evitar mayores controles y multiplicar las ganancias del circuito ilegal.
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El circuito funcionaba de tal modo que la recaudación diaria resultaba considerable, sumando valores que alimentaban el stock de productos y pagos al personal.
En la etapa posterior a los allanamientos, todos los detenidos recuperaron su libertad una vez completados los trámites legales y tras las disposiciones formales del juez interviniente.
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