Detuvieron a la dueña de un local de alta costura por estafar a sus inversores

Una investigación por millonarias estafas vinculadas a la firma de alta costura Alesca derivó en la detención de tres personas y la imputación de una cuarta, tras una serie de allanamientos realizados por la División de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.

El caso, que involucra la desaparición de fondos de decenas de inversores, se originó a partir de denuncias por maniobras financieras irregulares que se extendieron durante años y culminaron con el cierre del local y la imposibilidad de la titular de responder a los reclamos de los afectados.

De acuerdo con la reconstrucción de Rosario3, la operatoria consistía en captar fondos de terceros bajo la promesa de financiar la compra de telas importadas y otros insumos costosos, ofreciendo a cambio una tasa mensual en dólares que en algunos casos alcanzaba el 20%.

El supuesto rendimiento se justificaba en las ganancias obtenidas por la venta de vestidos de alta costura. Sin embargo, la estructura colapsó cuando un grupo de clientes exigió la devolución de sus inversiones, lo que precipitó la interrupción de los pagos y el cierre de la empresa, ya que no pudieron responder a esas demandas.

Los operativos, que contaron con la colaboración del Grupo Táctico Multipropósito, se desplegaron en tres domicilios: Peatonal Córdoba al 1100, Presidente Roca al 2900 y Pasaje Guido al 1000.

En el marco de los procedimientos, la Policía secuestró cinco teléfonos móviles, una computadora, documentación relevante, 1.500.000 pesos y más de 600 dólares, elementos que serán incorporados a la causa penal.

Entre los demorados se encuentran M. A. T. (54 años), señalada como la principal responsable, R. F. R. (44 años) y M. E. J. (43 años), quienes fueron trasladados a la sede de la PDI. Posteriormente, J. A. M. (60 años) se presentó voluntariamente y entregó su teléfono móvil.

El abogado defensor de la principal acusada, Ignacio Sosa Quintero, declaró que su clienta atravesó problemas de salud mental que motivaron su internación.

La causa penal sigue su curso, mientras la documentación y los dispositivos electrónicos incautados serán analizados para determinar el alcance de las maniobras y la cantidad total de damnificados.

Simulaban ser empresarios y estafaron por $1,8 billones

Este mismo martes se conoció que una organización dedicada a estafas financieras fue desarticulada tras una serie de allanamientos en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Santa Fe, con un fraude estimado en 1,8 billones de pesos. La investigación, denominada “Operación Crypto-Agro”, estuvo a cargo del Departamento de Cibercrimen de Pergamino y la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, bajo la dirección del fiscal Nelson Mastorchio.

El avance de la criminalidad digital y económica quedó en evidencia con este caso, donde la tecnología fue utilizada para perpetrar fraudes de gran escala, afectando tanto a víctimas individuales como al sistema financiero, de acuerdo con las mismas fuentes. La banda, compuesta por al menos cuatro integrantes, suplantaba la identidad de empresarios y utilizaba una red de transferencias con criptomonedas para ejecutar las maniobras delictivas.

El origen de la causa se remonta a la denuncia de un empresario bonaerense, quien detectó que su identidad había sido utilizada para obtener un crédito millonario en un banco. El Departamento de Cibercrimen desplegó análisis forense digital, trazabilidad tecnológica y cruces de información financiera para reconstruir las identidades digitales involucradas.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en puntos clave como Puerto Madero, Rosario, Firmat, Colón, Claypole, Ramos Mejía y Villa Luzuriaga, resultando en la detención de los cuatro sospechosos. En los operativos participaron fuerzas federales y provinciales, entre ellas el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina, la Policía de Investigaciones de Santa Fe y la División Unidad Operativa Federal Pergamino.

En septiembre, el Departamento Judicial de Azul logró el primer rescate de criptomonedas en la región tras un delito informático, recuperando activos digitales para una empresa de Tandil que había sufrido una transferencia fraudulenta. La acción permitió restituir BTC 0,00331227 y USDT 314,70268, equivalentes a 1.006 dólares, tras el bloqueo y congelamiento de fondos en la plataforma Binance.

El caso de Tandil comenzó cuando un grupo criminal accedió ilegalmente a la cuenta de Home Banking de una empresa farmacéutica, transfiriendo 500.000 pesos argentinos desde el Banco Provincia al Banco Nación y utilizando 450.000 pesos argentinos para comprar Bitcoin. Las criptomonedas fueron distribuidas en varias billeteras digitales, pero la Fiscalía General logró rastrear los fondos y recuperar los activos mediante la colaboración con Binance.