
En agosto pasado, la Patrulla Municipal de San Isidro había detenido cuatro ciudadanos chilenos a bordo de un Peugeot gris 206 gris sospechados de estar vinculados a actividades criminales, pero terminaron libres. Entonces, ante un nuevo caso en el que atraparon a tres hombres de esa misma nacionalidad acusados de asaltar viviendas de ese partido simulando ser empleados de una empresa de servicios, decidieron ir a fondo: hicieron un pedido formal para que los expulsen del país y la Dirección Nacional de Migraciones así lo resolvió.
Los tres imputados habían sido detenidos tras un operativo conjunto entre la Patrulla Municipal y la Policía Bonaerense, que frustró un intento de robo. Según pudo saber Infobae, los sospechosos, identificados como Anthony Isaías Lagos Andia, Camilo Antonio Reyes Donoso y Joel Antonio Martínez Encina, utilizaban uniformes y elementos de una empresa distribuidora de energía eléctrica para simular ser empleados y así ingresar a viviendas particulares.
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El procedimiento se inició a principios de la semana, cuando agentes municipales detectaron una camioneta Fiat Qubo gris sin patente circulando en actitud sospechosa por la localidad de Martínez. El vehículo fue interceptado en la Colectora Panamericana y la calle Yrigoyen. Durante la inspección, los efectivos hallaron destornilladores, barretas, ropa de trabajo y cascos con el logo de la prestadora de energía, guantes, cinco teléfonos celulares, gorras, cinta de embalar y un disco de corte de amoladora. Estos elementos eran utilizados por la banda para engañar a los vecinos y facilitar el acceso a las propiedades.
Los tres detenidos fueron trasladados a la Comisaría 10ª de Martínez y quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.
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“No es la primera vez que detenemos a ciudadanos chilenos que delinquen o están a punto de hacerlo. Migraciones ya dictó las órdenes de expulsión, estamos insistiendo en la Justicia para que autorice la efectivización de las medidas”, dijo el intendente Ramón Lanús.
El operativo que permitió la detención de los sospechosos formó parte de los controles preventivos que la Patrulla Municipal de San Isidro realiza de manera regular. Solo en noviembre, se desplegaron cerca de 3.000 operativos, con 37.348 identificaciones a 25.731 personas y 11.617 vehículos. En ese período, se detectaron 181 ciudadanos con impedimentos legales o pedidos de captura y se produjeron 52 detenciones en flagrancia.
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Uno por uno los expulsados
La Dirección Nacional de Migraciones así resolvió la expulsión inmediata y la prohibición de reingreso permanente al país de Anthony Isaías Lagos Andia, de 19 años, tras constatar que su ingreso fue irregular “eludiendo el control migratorio o por un lugar o en horario no habilitados al efecto”.
La resolución cita el artículo 29 inciso i) de la Ley 25.871, que impide la permanencia de extranjeros que hayan ingresado clandestinamente o tengan antecedentes penales, y en este caso es investigado en una causa penal.
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En el caso de Camilo Antonio Reyes Donoso, Migraciones resolvió cancelar su residencia transitoria y ordenar su expulsión tras constatar que desnaturalizó los motivos que justificaron su ingreso al país.
Reyes Donoso había ingresado a la Argentina el 15 de noviembre de 2025 como turista, pero fue imputado penalmente en la causa iniciada el 8 de diciembre pasado en la comisaría de Martínez. Para la autoridad migratoria, este hecho implica que el extranjero “ha desnaturalizado las razones que motivaron la concesión de su residencia transitoria para su ingreso en el país”. La resolución prohíbe su reingreso permanente.
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En cuanto a Joel Antonio Martínez Encina, Migraciones resolvió su expulsión y prohibición de reingreso permanente tras constatar su permanencia irregular y su vinculación a una investigación penal en San Isidro.
Martínez Encina ingresó a la Argentina el 7 de abril de 2019 y excedió ampliamente el plazo máximo de residencia permitido sin regularizar su situación migratoria: “Se encuentra en el país en forma irregular”.
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La autoridad migratoria argumentó que la permanencia de Martínez Encina está alcanzada por el impedimento previsto en el artículo 29 inciso l) de la Ley 25.871, que permite denegar la permanencia de extranjeros que no cumplan con los requisitos legales. El organismo remarcó que “se han incumplido los requisitos exigidos por la reglamentación para la admisión y permanencia en el país de la persona titular de los presentes actuados”.
Las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones se apoyan en la normativa vigente y en la intervención de su Dirección de Asuntos Legales, que avaló los procedimientos.
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