Los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso enfrentarán un jury por mal desempeño y negligencia

Los tres fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en la ciudad cordobesa de Río Cuarto en 2006, enfrentarán un juicio político por presunto mal desempeño y negligencia grave en el tratamiento del caso, que quedó impune.

Se trata de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes quedaron acusados formalmente luego de que las denuncias en su contra fueran aceptadas por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (Jury). La admisibilidad de la acusación ocurrió durante una reunión plenaria en la Legislatura de Córdoba.

En este sentido, el jury consideró que los hechos atribuidos a los fiscales podrían encuadrarse dentro de las causales establecidas en la ley provincial para la remoción de magistrados y funcionarios judiciales. Esta resolución abre el proceso para determinar sus responsabilidades en un crimen que jamás se resolvió.

Los tres fiscales -que enfrentarán su juicio político el año que viene- desempeñaron roles sucesivos en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en el domicilio que compartía con su esposo Marcelo Macarrón, en barrio Villa Golf de Río Cuarto. De principio a fin fue investigación marcada por múltiples cuestionamientos en el ámbito judicial de Córdoba.

Durante la etapa de Di Santo (2006-2015), la investigación avanzó primero sobre el pintor Gastón “Perejil” Zárate como principal sospechoso, para luego centrarse simultáneamente en el hijo de la víctima, Facundo Macarrón. Ambos fueron señalados sin pruebas que permitieran sostener las imputaciones.

Además, se le reclama no haber preservado la escena del crimen: el día del hallazgo, entraron a la casa vecinos, familiares y mucho personal.

Al ser apartado Di Santo, la causa quedó a cargo de Daniel Miralles (2015-2016), quien impulsó la teoría de que el viudo Marcelo Macarrón habría cometido el homicidio utilizando un desplazamiento en avioneta desde Uruguay hasta Río Cuarto, regresando por la misma vía para participar en un torneo de golf horas después. Esa hipótesis resultó fuertemente cuestionada y terminó sin sostén judicial.

Tras la salida de Miralles, Luis Pizarro (2017-2022) asumió la investigación y propuso una nueva línea, al sostener que Macarrón habría contratado sicarios para asesinar a Nora Dalmasso. Tampoco se identificaron quiénes serían esos supuestos sicarios ni se presentaron pruebas que avalaran esa versión.

A lo largo de los años, los investigadores consideraron cinco hipótesis diferentes, ninguna de las cuales logró esclarecer el caso ni culminar en una condena. La última, sin embargo, fue elevada a juicio, pero el tribunal determinó la absolución del viudo Macarrón por falta de pruebas, dejando el crimen sin responsables ni condenados y permitiendo que la causa prescribiera.

Como consecuencia de la actuación de los fiscales, el viudo y los hijos de Nora Dalmasso los denunciaron por mal desempeño. Días atrás, en la Legislatura de Córdoba, comenzó la recepción de pruebas, tras lo cual los fiscales presentaron sus descargos exculpatorios. Este jueves, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió iniciar formalmente el proceso para determinar su continuidad en el cargo o, eventualmente, su destitución

La presidenta del Jury, Julieta Rinaldi, aclaró que la decisión adoptada corresponde únicamente a la apertura del procedimiento y no implica que las acusaciones hayan sido probadas ni constituye un adelanto de opinión sobre el fondo del asunto.

Tras la admisión de la denuncia, el caso será remitido al Fiscal General de la Provincia, que contará con 30 días hábiles para presentar la acusación y proponer pruebas. Posteriormente, los fiscales denunciados tendrán 10 días para ejercer su defensa por escrito y ofrecer la prueba que consideren pertinente.

Rinaldi destacó que el resultado final dependerá de la valoración objetiva de las pruebas y de los descargos de los fiscales, en garantía del debido proceso. Además, ratificó el compromiso del organismo con la transparencia y la legalidad a lo largo del trámite.