
Adriana Patricia Luzuriaga, la mujer de Temperley que asesinó a puñaladas a su pareja, Juan Mangoni, ocultó el cuerpo en un tanque de agua y fingió que el crimen fue cometido por unos delincuentes en medio de un robo, fue condenada a 8 años de prisión tras un juicio abreviado.
Durante el proceso, la imputada reconoció la autoría del hecho. Según informó La Unión, la mujer, de 50 años, acordó la pena con las partes para evitar el juicio oral.
Según informó el medio local La Unión, el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Lomas de Zamora convalidó el convenio y dictó la sentencia a pedido del fiscal Hugo Carrión, quien imputó a la acusada por “homicidio simple”. Esta calificación legal implicó una sanción considerablemente menor respecto a la carátula inicial, que era “homicidio agravado por vínculo”.
En los primeros momentos, tras el crimen, intentó desviar la investigación. Ante la llegada de la Policía, tras un llamado al 911 que alertó sobre un hecho violento en una vivienda de la calle Luis Sáenz Peña al 2100, la mujer relató que cuatro delincuentes encapuchados habían irrumpido en la casa durante la madrugada con fines de robo.
Según su versión, los asaltantes habrían apuñalado a su pareja cuando intentó resistirse y luego la obligaron a introducir el cadáver en el tanque de agua de plástico ubicado en el patio.

Sin embargo, los efectivos policiales detectaron inconsistencias en su relato, ya que consideraron improbable que ella pudiera realizar esa acción sin ayuda, dada la contextura de la víctima, lo que encendió la primera señal de alerta.
Las contradicciones y la ausencia de signos de violencia en las puertas, sumadas a la comprobación de que la alarma de la vivienda había sido desactivada, incrementaron las sospechas.
La inspección realizada por la Policía Científica permitió descubrir rastros de sangre debajo de los muebles del living, lo que confirmó que el crimen se había perpetrado en ese ambiente y que la escena había sido parcialmente limpiada.

A medida que avanzaba la investigación, la imputada modificaba su relato: redujo el número de atacantes a dos —un hombre y una mujer de entre 19 y 27 años— y aseguró que habían ingresado por el fondo de la propiedad. Sin embargo, los agentes comprobaron que la altura de los muros hacía inviable ese acceso. Además, la acusada mencionó una pelea a gritos durante el ataque, pero ningún vecino escuchó ruidos y la casa, que contaba con alarma, estaba desactivada y no presentaba signos de ingreso forzado.
El elemento que terminó de desmoronar la coartada de la mujer fue el hallazgo de los teléfonos celulares de la víctima y de la propia acusada en el inodoro, pese a que ella había declarado que los ladrones se los habían llevado. Además, la Policía secuestró una computadora y una notebook bajo la ducha abierta del baño, en lo que interpretaron como un intento deliberado de destruir posibles registros de las cámaras de seguridad de la vivienda.
Los peritos emplearon pruebas de luminol para detectar restos hemáticos, lo que reforzó la hipótesis de que la mujer había intentado encubrir el homicidio.
De acuerdo a lo publicado por el portal La Unión, finalmente, ante la acumulación de pruebas y la evidencia de que había intentado engañar a las autoridades, la mujer fue detenida y permaneció privada de su libertad por orden de la fiscal Marcela Juan, titular de la UFI 16 de Lomas, hasta el juicio.
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