
El primer fiscal que intervino en la causa por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las jóvenes que habían desaparecido hace una semana en La Matanza y fueron halladas cinco días después asesinadas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela, describió que el ataque a las víctimas estuvo marcado por un sufrimiento inhumano.
La expresión de Gastón Duplaá, el representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de la causa en sus inicios, se desprende del análisis de las primeras pruebas forenses y de los informes oficiales que revelaron las marcas y señales de violencia que presentaban los cuerpos, y también las condiciones extremas a las que fueron sometidas tanto Morena, como Brenda y Lara.
Duplaá estableció que los homicidas -todavía no hay un número exacto de autores- tuvieron “claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de M.V., B.L.D.C. y L.M.G., ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso”.
“Ello, obrando a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres”, agregó el fiscal en un documento incorporado al expediente.
Los primeros datos a los que pudo acceder Infobae revelan que las chicas murieron entre las 3 y las 5 de la mañana del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de haber sido vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.
En el análisis forense se constató que a Lara Gutiérrez le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. Sobre las heridas, además, su cuerpo presentaba quemaduras que aparentan ser de cigarrillos. También tenía un corte que le amputó de manera parcial la oreja izquierda y otro en el cuello que le seccionó la arteria carótida. Su muerte se produjo, luego de haber sido torturada, aproximadamente a las 3.
Por su parte, Brenda del Castillo murió como consecuencia de una fractura de cráneo. Los forenses además detectaron aplastamiento macizo facial y heridas punzocortantes en el cuello. Y su cuerpo también tenía un corte transversal que le abrió el abdomen de lado a lado, el cual fue realizado cuando ya estaba sin vida.
En tanto, el cadáver de Morena Verdi tenía una luxación cervical y varios golpes en el rostro.

Lara, Brenda y Morena, según fuentes de la investigación, cayeron en una trampa: el viernes 19 de septiembre fueron convocadas, a cambio de 300 dólares para cada una, a una supuesta fiesta o al encuentro con un hombre. Ese evento no existió nunca. Fue un anzuelo para que subieran, sin resistencia, a esa camioneta Chevrolet Tracker blanca que las llevó a su destino final.
La madrugada del miércoles sus cuerpos fueron hallados en un pozo con lesiones indescriptibles. La masacre la habrían presenciado 45 personas a través de un vivo realizado por una red social.
El caso -que cambió de manos tras el hallazgo de los cuerpos, pasando al fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas- ya tiene cuatro personas detenidas que tendrían relación directa con los narcofemicidios. Ellos son Maximiliano Andrés Parra, Daniela Iara Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva y Celeste Magalí González Guerrero.

Pero los investigadores buscan a más sospechosos. Uno es “Pequeño J” o Julito, el supuesto jefe narco de quien tienen un nombre (Julio), una edad (23 años), una nacionalidad (peruano) y dos apellidos (Valverde y/o Montana). No cuentan con su DNI. Los detectives creen que se mueve entre asentamientos del sur de la Ciudad y la zona sur del conurbano bonaerense, principalmente, Florencio Varela. No se descarta la zona oeste, en La Matanza, de donde eran las víctimas.
Otro de los buscados es Matías Agustín Ozorio, sobre quien ya pesa un captura nacional e internacional.

Ozorio nació el 11 de septiembre de 1997 y es oriundo de Parque Patricios. Según la investigación, residía, hasta al menos 72 horas, en el asentamiento conocido como Villa 21.24. También frecuentaba la Zavaleta y la 1-11-14.
La fiscalía le imputa la coautoría del delito de “triple homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”, con una pena tentativa de 35 años de cárcel.
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