Se presentó como “el proxeneta y jefe de la casa de servicios de Simple Scorts y encargado de los sicarios de la agencia de chicas”. Le endilgó mil y una deudas sin explicarle las razones, solo por haberle hecho perder tiempo, y durante 29 minutos le lanzó una catarata de amenazas por mensajes, que incluyeron hasta un video de seguimiento y la frase más aterradora: “Me traigo a tu hermana y la pongo a laburar de puta”. No lo dejaron pensar y pagó.
La historia de esta maniobra comenzó con la obtención ilícita de datos personales de la familia de la víctima y de él, una táctica cada vez más frecuente en el entramado de los delitos digitales.
El hombre recibió los mensajes en los que le decían de la nada: “En Argentina, si no quiere que esto pase a problemas personales con usted y su familia, lo mejor sería que lleguemos a un acuerdo por las buenas”.
Y le subió la apuesta el interlocutor que se presentó como Diego Iván Sanabria, un nombre que eligió al azar: “Tengo a 10 de mis mejores hombres por la zona de su localidad, esperando que usted me dé una respuesta, ya que si no me responde o me bloquea, le daré orden de que lo traigan para hacerle pagar a la mala, o que lo levanten de inmediato y me traigan su cabeza acá”.
En ese contexto le mandaron un video de un auto en el tránsito, como que estaban yendo o siguiendo a alguien. “No quiero involucrar su familia. Espero su respuesta si quiere arreglar esto por las buenas o procedemos por las malas”.
Y, entonces, fue la frase: “Ok, ahora tu familia paga por vos... Me traigo a tu hermana y la pongo a laburar de puta”. Y la víctima decidió ceder a la presión y pagó el dinero exigido.
Hay dos detenidos y el autor de los mensajes intimidatorios era un preso. El cobrador, su padre.
Fue la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín la que logró desarticular en las últimas horas una maniobra de secuestro virtual extorsivo que se orquestaba desde el interior de la Unidad Penitenciaria Nº13 de Junín.
La investigación se llevó adelante bajo directivas de la Fiscalía Nº4 de Junín, a cargo de Pamela Ricci, con intervención del Juzgado de Garantías Nº3, encabezado por María Laura Durante.
El caso comenzó con la denuncia de un joven residente en Junín, quien informó haber recibido llamadas y mensajes intimidatorios a través de WhatsApp.
En esas comunicaciones, los delincuentes le aportaban datos personales de su hermana y lo amenazaban con secuestrarla si no entregaba una importante suma de dinero.
“Ahora vas a ver qué con nosotros no vas a joder, pagá lo que debes”, le ponían y la víctima no debía nada. Un minuto después, bajo la presión, terminó transfiriendo $500.000 a una cuenta de Mercado Pago vinculada a un ciudadano de Junín, según pudieron establecer los investigadores.
Las tareas de inteligencia digital desplegadas por la división especializada fueron determinantes. Se trabajó sobre la cuenta de WhatsApp empleada en la maniobra, sobre la trazabilidad de los números telefónicos utilizados, el análisis de direcciones IP que revelaron conexiones a través de redes móviles, así como pedidos de informes tanto a empresas de telecomunicaciones como a entidades financieras.
El resultado de esas investigaciones permitió determinar que el origen de la operación se encontraba dentro de la UP Nº13 de Junín. Allí se identificó a un interno de 22 años, con 13 antecedentes penales, quien cumple condena desde junio de 2025 por robo.
Además, se estableció que la cuenta receptora del dinero estaba asociada a su padre, un hombre de 55 años, lo que confirmó la operatoria conjunta entre ambos.
El martes pasado, bajo orden judicial, se realizaron allanamientos simultáneos. En el Pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº13 se incautó un teléfono celular Samsung, señalado como el dispositivo utilizado en la maniobra.
En tanto, en el Barrio San Martín de Junín, fue secuestrado un aparato Z Blade perteneciente al familiar del recluso acusado de cobrar la extorsión en su billetera virtual.
Ambos quedaron imputados por el delito de extorsión y a disposición de la justicia para prestar declaración indagatoria. Los dispositivos incautados serán sometidos a pericias forenses con el fin de profundizar en la recolección de evidencia digital.
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