Luego de haber permanecido más de un mes internado por intentar quitarse la vida tras el femicidio de Yésica Noelia Duarte, la Fiscalía dictó la prisión preventiva para Nicolás Ángel Castro, su esposo de 30. Previamente, lo habían procesado al negarse a declarar.
La decisión judicial se produjo luego del pedido formal de la fiscal Mariana Rufino, quien lidera la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°13 especializada en violencia de género, según consignó el portal 0221.com.
La funcionaria judicial presentó ante el tribunal pruebas sustanciales y testimonios directos con los que consolidó la acusación por homicidio triplemente calificado: por el vínculo de pareja, por la existencia de violencia de género y por el armado de fuego empleado en la comisión del crimen. De esta manera, el juez Agustín Crispo, tomó la decisión sobre el principal acusado, conocido como “Garrincha” y ordenó su detención.
El crimen tuvo lugar el 27 de julio pasado durante la madrugada, en una vivienda de calle 39 entre 129 y 130 de Berisso. Según reconstruyó la fiscalía, Castro y Duarte compartían el domicilio, dado que ambos habían sido beneficiados con arresto domiciliario, por lo que llevaban tobilleras electrónicas. Por su parte, la víctima se encontraba cumpliendo una condena por una causa relacionada con la venta de estupefacientes, mientras que Castro cumplía la misma medida por tenencia ilegal de arma de fuego.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el episodio fatal sucedió en el patio delantero de la vivienda, donde el hombre disparó contra Duarte provocándole la muerte en el acto. Minutos después, él intentó quitarse la vida disparándose en la cabeza y en el abdomen. Al llegar las autoridades lo encontraron recostado con una herida de bala que iba desde el cuello hasta el costado de la cabeza. A su lado, estaba su madre, quien refirió que en la casa se había producido un intento de robo.
En la escena del crimen, los peritos encontraron mucho desorden, especialmente en el dormitorio de la pareja, con cajones abiertos y objetos dispersos. La hipótesis central plantea que todo comenzó por una discusión debido a que Castro habría intentado apropiarse del teléfono de Duarte. La situación escaló rápidamente en violencia y derivó en el crimen de la mujer.
El avance de la instrucción judicial arrojó que la situación del imputado se agravó, no solo por la violencia desplegada en el hecho, sino también por la incorporación de antecedentes penales. En 2013, Castro había sido imputado por el homicidio de Pablo Alegre, un joven de 17 años que falleció tras recibir varios disparos desde un vehículo en la ciudad de La Plata, aunque el expediente quedó sin condena confirmada y su juicio estaba previsto para 2026. Además, registró una acusación en 2018 por tentativa de homicidio —un caso que no llegó a la etapa de juicio oral— y fue demorado un año antes del femicidio por un ataque armado contra la propia Duarte.
Mientras permanecía en el nosocomio recuperándose de las heridas, fue procesado formalmente por negarse a declarar ante la fiscal Cecilia Corfield, cuando los peritos médicos confirmaron que se encontraba lúcido y en condiciones de afrontar la audiencia. A los pocos días, su mamá quedó en libertad, luego de haber sido detenida por tenencia ilegal de armas.
Su arresto se había producido luego de un allanamiento en la casa de Adriana Oviedo en donde los agentes de la DDI La Plata y la Comisaría 3ª de la ciudad, secuestraron dos armas, un revólver calibre .32 largo, sin marca visible, con cuatro balas en su tambor, y una pistola Bersa Thunder .380.
En aquel momento, la defensa consiguió revertir la medida tras argumentar que no existían pruebas suficientes para vincularla con el asesinato y que su defendida presentaba problemas de salud que requerían atención.
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