La Policía Federal Argentina (PFA) incautó cientos de autopartes robadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con un valor de mercado que supera los 200 millones de pesos. Los agentes detectaron que las partes de los automóviles —presuntamente sustraídas— se ofrecían en internet, lo que motivó el despliegue de una serie de procedimientos bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad.
La investigación se originó tras detectar, mediante ciberpatrullajes de la División Delitos contra el Automotor, la venta de autopartes presuntamente robadas a través de dos redes sociales populares. Como resultado, los agentes identificaron a dos personas que utilizaban domicilios en los barrios de Flores y Parque Avellaneda para almacenar y comercializar estos artículos.
Con la información recabada, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N.º 35, encabezada por la doctora Celsa Ramírez y con la secretaría del doctor Daniel González, dispuso el allanamiento de los inmuebles ubicados en las calles Martínez Castro y Lafuente. Durante los operativos, los responsables de ambos lugares fueron notificados de la causa y los locales quedaron clausurados.
Según precisaron fuentes cercanas al caso a Infobae, la División Delitos contra el Automotor ejecutó cuatro inspecciones programadas en la capital, accediendo a cada uno de los domicilios sin incidentes.
En un inmueble de la calle Martínez Castro al 1100 y su casa contigua, se identificó como responsable a J. B., de 33 años, quien permitió el ingreso de los agentes. Allí se constató la presencia de una gran cantidad de autopartes de diversas procedencias.
Posteriormente, en la dirección de La Fuente al 800 y su vivienda anexa, se identificó a N. F. Y. como responsable, hallándose también un importante acopio de piezas automotrices.
Durante los operativos, los efectivos encontraron 527 butacas, 340 paragolpes y 15 torpedos, todos correspondientes a vehículos de distintas marcas y modelos. Estos elementos, junto a los imputados —ambos argentinos y mayores de edad—, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 25.761, que regula el desarmado de automotores y la venta de sus autopartes.
La Fiscalía a cargo del caso ordenó el secuestro de todos los elementos hallados, al ser considerados de interés para la causa.
A comienzos de agosto, el Gobierno anunció nuevas medidas para combatir el tráfico ilegal de autopartes. El plan incluye la creación de un registro nacional de piezas y la intensificación de los controles en desarmaderos, con el objetivo de reducir el robo de vehículos y la comercialización de componentes de origen ilícito.
La iniciativa responde a la preocupación por el aumento de delitos vinculados al robo de automóviles y la posterior venta de sus partes en el mercado negro. De acuerdo con datos oficiales, más del 60% de los vehículos robados terminan desguazados y sus piezas se insertan en circuitos ilegales, lo que dificulta la recuperación de los automóviles y alimenta la cadena delictiva.
El registro nacional de autopartes permitirá identificar el origen de cada componente y facilitará el rastreo de piezas robadas. Además, las autoridades anunciaron que los desarmaderos deberán cumplir con requisitos estrictos para operar, incluyendo la obligación de documentar cada transacción y someterse a inspecciones periódicas.
El Ministerio de Seguridad destacó que la colaboración entre fuerzas federales y provinciales será clave para la efectividad del plan. Según la cartera, la coordinación interjurisdiccional permitirá detectar y desarticular redes que operan en distintas regiones del país.
Tendrán 60 días corridos desde la publicación del decreto para adecuar sus sistemas y procedimientos. Una vez cumplidos los plazos de adecuación, los desarmaderos y comerciantes deberán presentar una declaración jurada detallando el stock de piezas usadas incluidas en el listado oficial. Las piezas que no cumplan con los requisitos de identificación y documentación deberán ser destruidas.
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