
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reestructuró este lunes su gabinete con la salida de dos ministros y la reducción del número de carteras de Estado, una decisión que el mandatario presentó como parte de un plan para disminuir el gasto público y hacer más eficiente la administración de su gobierno.
Con estos cambios suman siete los relevos de ministros y se reducen a 12 las carteras del Estado: eliminó los ministerios de Turismo y el de Planificación; el primero se convertirá en una agencia estatal y las funciones del segundo será absorbidas por otras instancias.
En tanto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, asumirá funciones como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y será reemplazado en el cargo por el canciller Fernando Aramayo, cuyo puesto será ocupado por Héctor Huanca.
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La salida de Lupo del gabinete no tomó a nadie por sorpresa: si bien es uno de los ajustes más relevantes desde el inicio de la gestión, desde hacía semanas que su renuncia era considerada inminente en los círculos políticos.
Economista de larga trayectoria en organismos internacionales y con experiencia ministerial en gobiernos anteriores, Lupo fue candidato a vicepresidente de Samuel Doria Medina en las elecciones de 2025. El acuerdo político sellado entre Doria Medina y Paz para la segunda vuelta electoral lo llevó a ocupar uno de los cargos de mayor influencia del Ejecutivo.
Tomó posesión el 9 de noviembre y en el inicio de la administración se mostró como uno de los principales asesores del presidente y jefe de un gabinete que se presentó como “meritocrático”, aunque abierto a ajustes permanentes.
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Durante su gestión de nueve meses, Lupo pasó de ser uno de los negociadores sobresalientes del Gobierno -especialmente en la primera ola de protestas sociales por un decreto que implementaba ajustes económicos y en medio de las disputas con el vicepresidente Edmand Lara- a mantener un perfil más bajo y aparentemente marginal.
Su salida coincide con la del ministro de Planificación, Fernando Romero, incorporado al gabinete como parte del acercamiento entre Paz y las élites empresariales de Santa Cruz, que respaldaron al hoy presidente después de su triunfo electoral. Según anunció el primer mandatario, Romero permanecerá dentro del Gobierno con otras funciones que aún no fueron anunciadas.
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Semanas antes presentó su renuncia la ministra de Turismo, Cynthia Yáñez, otra de las funcionarias que llegó al gabinete desde las filas de Doria Medina. Su salida “por razones personales” se produjo en medio del progresivo distanciamiento entre el empresario y el presidente Paz, una relación que terminó en un quiebre político oficial.
Anteriormente, entre mayo y junio, cuando masivas protestas sociales buscaban forzar la renuncia del presidente, renunciaron al gabinete los ministros de Educación, Defensa y Trabajo. En ese entonces, Paz anunció ajustes y prometió un equipo con “capacidad de escucha”.
Uno de los cambios relevantes fue el del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, que fue reemplazado el 22 de abril por Marcelo Blanco durante el escándalo por la mala calidad de la gasolina y días después de la renuncia de la entonces titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
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La salida de estos siete ministros estuvo precedida por un episodio que mostró improvisación institucional y el paso fugaz de dos ministros en los albores del nuevo gobierno. Freddy Vidovic, abogado personal del vicepresidente Edmand Lara, asumió como ministro de Justicia en el primer gabinete pero fue destituido 12 días después de su posesión, tras conocerse que tenía una sentencia ejecutoriada que le impedía ejercer la función pública.
Luego de la destitución de Vidovic, el Ejecutivo emitió un decreto en el que designaba a Jorge Franz García Pinto como nuevo ministro para esa cartera. Sin embargo, tras convocar a los medios de comunicación para su presentación oficial y toma de juramento, el presidente Paz dio por cerrado el ministerio y canceló sorpresivamente el acto de posesión: “Se acabó el ministerio de la persecución, el ministerio de la injusticia, de vender sentencias (…) el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien”, declaró el presidente al anunciar el cierre del despacho.
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García Pinto ocupó legalmente el cargo por decreto durante unas horas y ciertas funciones del Ministerio pasaron a depender de dos viceministerios en otras carteras.
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