Investigan a una escuela por darle agua contaminada a sus alumnos: sospechan de certificados falsos de potabilidad

Una serie de allanamientos se llevaron a cabo el pasado miércoles en varias localidades del partido bonaerense de General Alvarado en el marco de una investigación por la presunta falsificación de documentos y la distribución de agua no potable en el polo educativo de la ciudad Mar del Sud. Este complejo está integrado por una escuela secundaria, una primaria y un jardín de infantes, todos actualmente bajo la lupa de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

La investigación, dirigida por el fiscal federal Carlos Martínez, se originó hace cuatro meses a raíz de la denuncia de un padre, quien manifestó preocupación por posibles casos de contaminación del agua tras registrar, junto a otras familias, episodios de gastroenteritis en niños y adolescentes durante el año pasado.

Ante esas sospechas, la cooperadora de las escuelas gestionó un análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua, cuya muestra fue analizada por un laboratorio privado poco antes del inicio del ciclo lectivo 2025. El resultado, conocido el 5 de marzo, arrojó que el agua no era apta para el consumo humano.

Según se determinó, tenía presencia de escherichia coli (indicadora de contaminación fecal) y pseudomona aeruginosa, ambas potencialmente peligrosas para la salud. Para la Justicia, las autoridades de la escuela estaban al tanto de que el agua no era apta, y aun así habrían avalado informes apócrifos para certificar lo contrario.

Según la reconstrucción de la fiscalía, cuando el resultado del informe fue comunicado a las autoridades escolares, se suspendieron las clases por un día. En este contexto, se convocó a una reunión con las familias de la comunidad educativa donde referentes del Consejo Escolar de General Alvarado expusieron dos análisis de agua, realizados en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que certificaban la potabilidad con firmas atribuidas a una perito química.

Sin embargo, esto no fue suficiente para el padre denunciante, quien se acercó a la facultad y pidió hablar con la supuesta firmante del estudio. Para su sorpresa, la profesional negó de manera categórica haber firmado los informes, lo que motivó a la denuncia en la fiscalía marplatense.

A partir de su presentación, el fiscal Martínez dispuso una serie de medidas. Entre ellas, registros domiciliarios, el secuestro de teléfonos y computadoras del principal señalado en la causa: un contratista del Consejo Escolar dedicado a la limpieza de tanques y análisis de agua en escuelas de Miramar y localidades vecinas, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Las medidas incluyeron además órdenes de presentación en los establecimientos afectados y en la sede central del Consejo Escolar, donde se solicitó toda la documentación relacionada con la potabilidad del agua y las actas de reuniones vinculadas al tema. El avance de la investigación y el material reunido, como mensajes y audios, permitieron identificar a otras cuatro personas dentro del Consejo Escolar presuntamente involucradas.

Para los investigadores, la hipótesis principal es que las autoridades estaban al tanto de que el agua no era apta, y aun así habrían avalado informes apócrifos para certificar lo contrario, presentando documentación falsa ante la comunidad educativa.

Los equipos de la Unidad Fiscal Mar del Plata y el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos ya tomaron declaraciones testimoniales a personal de los tres establecimientos de Mar del Sud y avanzan a fin de esclarecer el caso y determinar eventuales responsabilidades penales.