
A dos años del femicidio de Mercedes Jiménez Kvedaras en el exclusivo barrio El Tipal, Salta, la Sala IV del Tribunal de Juicio confirmó que las fechas del debate oral y público.
En línea con lo dispuesto, el juicio iniciará el 1 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 4 de mayo de ese año. Esta resolución se dio tras una audiencia multipropósito marcada tanto por decisiones formales como por tensiones y discusiones entre los representantes de las partes.
Jiménez Kvedaras fue asesinada el 4 de agosto de 2023 en una vivienda del barrio privado El Tipal, hecho que conmocionó a la comunidad salteña por las circunstancias y el contexto en que ocurrió. Su esposo, José Eduardo Figueroa, de 45 años, es el único imputado y seguirá detenido en la Unidad Carcelaria 1 de Salta, a la espera del juicio, luego de que el tribunal decidiera ampliar la prisión preventiva como medida cautelar, según informó el portal del diario El Tribuno.
El proceso judicial atraviesa una instancia clave, con acusaciones, recusaciones y designaciones que impactan en la conformación del tribunal que deberá juzgar a Figueroa por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.
Durante la última audiencia, el tribunal -integrado por los jueces María Cecilia Flores Toranzos, Norma Beatriz Vera y Eduardo Sángari- resolvió extender la prisión preventiva para el acusado. La decisión respondió a un pedido de la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien subrayó la gravedad del caso y el riesgo de fuga, en función de la alta expectativa de condena.
En el debate oral, la fiscal sostuvo que “la prisión preventiva sigue siendo la única vía para garantizar que el imputado comparezca al juicio, debido al peligro de fuga vinculado a la expectativa de una condena”. Tanto el abogado querellante Jorge Ovejero, en representación de la familia de la víctima, como la asesora de Incapaces, Martha Bustos, respaldaron el planteo del Ministerio Público.
Por el contrario, la defensa de Figueroa, liderada por Juan Casabella Dávalos, había solicitado que el acusado cumpliera arresto domiciliario con monitoreo electrónico y una caución económica, e incluso ofreció asumir gastos de vigilancia policial. El tribunal rechazó la solicitud y argumentó que solo una privación de libertad efectiva permitirá la plena realización del juicio conforme a derecho.
Autoridades judiciales indicaron que la medida de prisión preventiva se sostiene en el riesgo de fuga y la gravedad del delito. El caso fue seguido de cerca por organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, que reclaman el avance del proceso y una condena ejemplar ante la magnitud del crimen.

La audiencia del lunes no solo fijó la prórroga de la prisión preventiva y la fecha de juicio, sino que también definió la integración del tribunal. Tras la inhibición de la jueza Gabriela Romero Nayar y las excusaciones previas de Maximiliano Troyano y Mónica Faber, se procedió a un sorteo para cubrir la vacante. El bolillero designó al juez Eduardo Sángari como nuevo integrante.
Un segundo sorteo se llevó a cabo para definir la presidencia del tribunal, pese a que el reglamento establece la prelación para la jueza María Cecilia Flores Toranzos. De manera inusual, el bolillero volvió a recaer sobre Sángari, quien ahora será presidente del tribunal encargado de presidir el juicio. Este procedimiento fue objetado por la Fiscalía y la querella, pero los reclamos fueron desestimados, aunque quedó abierta la posibilidad de plantear recursos de casación.
El abogado querellante sostuvo que la modalidad del sorteo “sienta un precedente preocupante”, ya que podría abrir la puerta a “manipulaciones arbitrarias” en futuras designaciones judiciales. La fiscalía, por su parte, advirtió sobre la irregularidad aunque el tribunal decidió avanzar con el procedimiento.
La audiencia estuvo atravesada por un incidente de violencia verbal. El defensor Casabella Dávalos expresó que le resultaba “insoportable” la presencia de la fiscal Sodero Calvet a su lado, un comentario rechazado por las partes presentes y que motivó el llamado al orden de parte del tribunal.
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