El 8 de febrero pasado, Güven C., oriundo de Estambul, Turquía, fue detenido en Mar del Plata por la DUOF de la Policía Federal de la ciudad costera. Una circular roja de Interpol pesaba en su contra, presentada este año por la Justicia de su país. El delito: defraudación digital, “robo por engaño”, con el empleo de “procesamiento de datos, bancos o instituciones financieras”, un delito que conlleva una pena de dos a siete años de cárcel, según el Código turco.
La sola calificación hace pensar en un engaño de alto vuelo, mucha plata. ¿Acaso arrestaron a Güven al pie de un jet privado, algo glamoroso? No tanto. Fue por no entregar una freidora de aire valuada en 65 dólares, en una venta fallida por Internet.
El ciudadano turco, de 22 años y 1,80 de alto, dedicado al negocio de la publicidad en internet según él mismo, cayó no en un aeropuerto privado, sino en la terminal de micros de Mar del Plata, en la vereda frente a las plataformas, donde la gente se sienta a esperar tomando mate. Fue tras bajar de un ómnibus que había tomado en la terminal de Retiro. Güven había comenzado una vida en Argentina, por decirlo de alguna forma. Había abordado con un DNI perfectamente argentino, número 96 millones, con un domicilio en un country de Pilar. Se casó, también, con una mujer local.
El Gobierno de Turquía pidió extraditarlo, con una solicitud del Tribunal Penal Superior de Bolu Nº1 . El hombre, en cambio, pidió a la Justicia federal de Mar del Plata quedarse en el país. Mediante su defensor oficial, auguró cosas terribles para su vida, lo que ocurre, según el imaginario popular, en una prisión turca.
El 4 de julio último, a pesar de que no hay un tratado al respecto entre ambos países, el juez Santiago Inchausti concedió la extradición, en un fallo al que accedió Infobae.
Una prisión turca
En su decisión, Inchausti pidió que Turquía vele por las garantías básicas de Güven en su encarcelamiento, y que se compute en su posible condena el tiempo que pasó encerrado en Argentina. “Se exhortará al Estado requiriente a efectos que brinde garantías relativas a las condiciones de detención del extraditado de conformidad con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, a fin de preservar su vida, integridad física y seguridad personal”, aseveró el juez federal en su decisión.
La fiscal Laura Mazzaferri, por su parte, “manifestó que están dados los requisitos normativos para que se conceda la extradición”. “El delito no reviste carácter político, ni se encuentra previsto en la ley militar, ni sancionado en la normativa del requirente con la pena de muerte, sumado a las garantías expresas ofrecidas por ese país al momento de formalizar el pedido de extradición”, continuó Mazzaferri.
Para Güven, el asunto de la freidora de aire es una cuestión netamente política. Hasta pidió ser considerado refugiado, con un planteo formalizado ante la CONARE.
Según el fallo de Inchausti, afirmó ser “de origen kurdo y que el proceso penal sustanciado ante aquellas autoridades tiene carácter político, con propósito de silenciarlo por sus ideas, identidad y creencias”. Incluso, declaró que la víctima de la estafa había retirado su denuncia.
“Refirió que vive en Argentina hace dos años, que hizo raíces en esta tierra, que trabaja y tiene proyectos emocionales, planea una vida familiar aquí, deseando ser padre, que no tiene malas intenciones, quiere trabajar y concretar sus proyectos en el país”, continuó el joven turco.
Para la fiscal Mazzaferri -y para el juez Inchausti-los planteos del joven turco no tienen un fundamento real. La fecha de su extradición a su país de origen queda por definirse.
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