En una nueva audiencia llevada a cabo este martes por la megacausa conocida como Generación Zoe en Salta, el principal acusado Leandro Cositorto prestó una nueva declaración ante la Justicia, en donde se quejó del bloqueo de fondos y la imposibilidad de continuar con los pagos a los inversores.
Durante su exposición, no solo negó las imputaciones en su contra, sino que responsabilizó a las autoridades judiciales por la imposibilidad de devolver el dinero a los afectados por el colapso de la organización. “Nos frenaron la posibilidad de cumplir”, acusó.
El empresario sostuvo que, en varias oportunidades, Generación Zoe habría dispuesto de fondos suficientes para hacer frente a los reclamos económicos, pero señaló que estos recursos fueron incautados por decisión de la Justicia. Según detalló, en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, “se podrían haber devuelto 170 mil dólares” y otros “250 mil dólares en Buenos Aires”.
El proceso judicial comenzó el pasado 4 de junio en Salta y se espera que termine a fines de este mes, debido al número de expositores, entre los que se destacaban más de 160 testigos. Mientras tanto, Cositorto mantuvo su postura afirmando que siempre estuvo a disposición de las autoridades judiciales. “Puse la cara todos los días”, señaló durante la jornada minimizando los rumores sobre su posible huida.
Además, argumentó que la magnitud de los reclamos y la presión judicial llevaron al colapso del sistema, de acuerdo con lo descrito por el portal Hoy. “Todo esto es ridículo, porque la deuda es mínima comparada con el volumen total que manejaba la empresa”, expresó ante los magistrados, insistiendo en su voluntad de cumplir con los compromisos asumidos.
Entre los reclamos que el acusado viene haciendo, manifestó su descontento por la negativa de la Justicia a concederle el beneficio de la prisión domiciliaria, y los supuestos impedimentos para poder ver a su hijo. No siendo poco, al comienzo del proceso presentó un habeas corpus denunciando la falta de suministro de medicamentos psiquiátricos que está tomando, así como la ausencia de elementos básicos de higiene en su lugar de detención, según detalló El Tribuno.
En el mismo proceso judicial están siendo juzgados otros cuatro dirigentes de la organización. Los imputados son Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz. La causa investiga una de las mayores estructuras de inversión ilegal detectadas en los últimos años en Argentina, con denuncias y demandas de ahorristas de distintas provincias y del exterior. Cositorto, por su parte, enfrenta cargos por 120 hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita.
Previamente, el gurú financiero recibió una condena a 12 años de prisión en Corrientes. El Tribunal lo consideró jefe de la asociación ilícita y coautor por estafa. La sentencia fue dictada a fines de febrero por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, quienes también dispusieron penas de 8 años de cárcel para Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino y Miguel Ángel Echegaray, todos señalados como coautores en la maniobra delictiva.
Durante la audiencia de lectura del fallo, el juez Carbajal destacó que la pena impuesta a Cositorto respondió a su rol fundamental dentro de la estructura. “Ideólogo, creador y fundador de este conglomerado delictivo”, definió el magistrado en referencia al colectivo empresarial que operó bajo la modalidad de esquema piramidal y captó fondos de los inversionistas prometiendo elevados retornos que nunca se concretaron a gran escala.
La causa reunió pruebas sobre el funcionamiento y la mecánica del fraude, detallando cómo los recursos aportados por las víctimas eran utilizados para remunerar a los inversores previos, hasta colapsar el sistema y dejar sin recuperar el dinero a los nuevos participantes. Luego de conocer las condenas, Cositorto fue retirado de la sala con chaleco antibalas y en medio de una fuerte custodia policial.
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