
Después de haber sido imputada por presuntamente haber sido la líder de una asociación ilícita que habría realizado un megafraude en La Plata, la contadora Natalia Foresio recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, la medida será provisoria y se mantendrá hasta que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le asigne una plaza en uno de sus centros de detención.
Hace dos semanas que la defensa de Foresio, a cargo de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, había presentado una solicitud para que la mujer fuera beneficiada con el recurso, tras alegar que sería la única persona capaz de hacerse cargo de los cuidados de su esposo, Luis Mauricio Cortazzo, quien también se encuentra imputado en la causa.
A pesar de los argumentos presentados, el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N° 3, había negado la petición al considerar que podría existir un riesgo de fuga, ya que planteó que la acusada contaría con los medios económicos para fraguar un plan de escape. Asimismo, señaló que se correría el riesgo de que se destruyeran o alteraran pruebas.
Según la información publicada por el medio local 0221, la cuestión no finalizó con la resolución judicial, debido a que los abogados de Foresio respondieron con un habeas corpus, en el que denunciaron que su clienta se encontraba detenida en condiciones inaceptables.
Por este motivo, el magistrado aceptó el pedido luego de tres solicitudes previas para que la acusada fuera enviada desde la comisaría Primera, donde estaba alojada en condiciones precarias, hacia una cárcel nacional. Un traslado que no se pudo concretar ante la falta de vacantes en las unidades.
Fue así como el juez dispuso el traslado inmediato de Foresio a su domicilio particular y fijó el arresto domiciliario en carácter transitorio, hasta tanto el SPF disponga de un cupo. En la resolución que se dio a conocer el sábado, Kreplak remarcó el carácter de “muy urgente” del pedido de alojamiento realizado al Ministerio de Seguridad de la Nación.
Ante la desconfianza que existiría por parte de las autoridades, se confirmó que realizarán un operativo especial de vigilancia, para evitar eventuales fugas. “Se realizará un rondín diario a efectos de controlar que la nombrada permanezca en su domicilio”, explicaron fuentes judiciales en diálogo con El Día.
El caso de la contadora se dio a conocer a principios de junio, cuando Foresio quedó en el centro de una investigación judicial que la acusaría de presuntamente haber realizado una maniobra de evasión fiscal y salida ilegal de divisas montada que habría comenzado en 2020.
El expediente se abrió producto de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y ya provocó el procesamiento de decenas de personas, embargos millonarios, bloqueo de cuentas, inactivación masiva de CUITs y la prisión preventiva de la profesional considerada clave por la Justicia Federal.

De acuerdo con los investigadores, Foresio, en sociedad con su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti, habría diseñado y administrado una red de empresas fantasma que operaban como “usinas” de facturación apócrifa. Desde su propio estudio contable, habría gestionado la creación de sociedades irregulares, la tramitación de sus claves fiscales y sus inscripciones en domicilios que solían coincidir con su casa particular o la de familiares directos.
A partir de ahí, las sociedades habrían emitido comprobantes por prestaciones inexistentes, bajo la sospecha de que habrían intentado simular gastos y permitir que otras firmas, pertenecientes a los supuestos beneficiarios finales, redujeran su carga tributaria a partir del crédito fiscal generado.
Según los investigadores, la maniobra se habría desplegado en tres niveles. En la base, las “usinas” (Empresas A) se habrían encargado de generar facturas falsas, mientras que el segundo escalón (Empresas B) habría registrado compras truchas y revendido esos comprobantes.
Por último, en el tercer nivel (Empresas C) se habrían tratado empresas reales con actividad en el sector turístico y hotelero, de las cuales algunas habrían estado vinculadas al Sindicato de Salud Pública bonaerense y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) en Mar del Plata, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Allí se habría concentrado el mayor volumen de dinero evadido y presunto lavado de activos.
Entre los domicilios allanados figuran la pizzería “Abra Maestro” en La Plata y locales comerciales como “La Lucha”, señalados por alojar, al menos en papeles, firmas desconocidas como “Romaco Mantenimiento y Construcciones SA” o “Distribuidora Alcaraz SA”, todas sindicadas como vehículos para la maniobra.
Hasta el momento, se logró identificar a más de 140 personas físicas y jurídicas que compartían un denominador común: la intervención de Foresio como contadora y nexo entre los distintos eslabones del circuito. No obstante, los imputados Soria, Gatti y Cortazzo, recuperaron la libertad bajo condiciones restrictivas hasta que se dicte una resolución final.
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