El próximo 25 de junio comenzará en la Cámara Criminal de Caleta Olivia el juicio oral por el caso de Millaray Cattani, una adolescente de 15 años que se suicidó en abril de 2021 en la ciudad santacruceña de Puerto Deseado. El proceso judicial, largamente esperado por la familia y el entorno de la joven, tiene en el centro de la investigación el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal, ocurrido dos años antes de la muerte de la menor.
Millaray era la menor de cuatro hermanos. La mañana del 14 de abril de 2021, su familia encontró su cuerpo sin vida en la habitación de su casa. Nadie esperaba aquella escena, nadie supo dar una explicación inmediata. La adolescente no había dejado carta ni nota de despedida. Durante las primeras horas solo se impuso el golpe de la pérdida y la incertidumbre. Nada en la conducta reciente de Millaray daba indicios de que atravesaba una situación tan dolorosa, aunque con el tiempo su familia reconoció algún cambio de humor sutil desde el año 2019.
La situación cambió cuando, poco a poco, emergieron testimonios de amigos y conocidos que, impulsados por la noticia y el dolor, se animaron a hablar y contar un hecho que la adolescente les había revelado. Fue así como la familia Cattani supo lo que había permanecido oculto durante dos años: a los 13 años, Millaray había sufrido un abuso sexual.
El acusado, identificado en la causa por las iniciales G.E.D., era en ese momento mayor de edad y hermano de una compañera de colegio de Millaray.
El desconcierto empujó a la familia a buscar respuestas. Así comenzó una reconstrucción entre sus objetos personales, incluida una agenda personal.
Uno de los momentos claves en el descubrimiento fue el hallazgo de un pasaje del diario íntimo de la joven, fechado el 20 de enero de 2020: “La verdad intento no pensar en él, pero no puedo. Me duele tanto lo que me hizo, no entiendo la verdad”, había dejado asentado.
El círculo de amistades de la adolescente también señaló al mismo hombre que figuraba en su diario.
La familia fue quien motorizó la denuncia y el impulso judicial. Al poco tiempo de conocer la verdad, presentaron la denuncia ante la fiscalía de Puerto Deseado y reunieron todas las pruebas y testimonios posibles.
“Fuimos nosotros los que iniciamos esta causa. Apenas tuvimos información, lo primero que hicimos fue hacer la denuncia en la fiscalía para que esta persona (el acusado) sea investigada. Hay cinco testimonios que avalan lo que Milla (NdR: así llamaban a la adolescente) contó. Y un escrito en una agenda íntima que decía lo que le había pasado”, confirmó Ayelén Cattani, hermana mayor de Millaray, en declaraciones públicas.
Los abogados que llevan adelante la representación de la familia son Cristian Fernández y Rocío Marsicano. Desde su intervención, el expediente sumó una medida conocida como autopsia psicológica, llevada adelante por profesionales a partir de las pertenencias de Millaray.
Se trata de un proceso aplicado a una víctima que ya no está mediante el cual una serie de profesionales se encargan de buscar información dentro de sus pertenencias para determinar cómo se sentía, qué le pasaba, cómo se comportaba en su día a día, y demás aspectos que permitan conocer cómo se encontraba antes de perder la vida. La implementación de esta medida fue una de las primeras en la historia judicial santacruceña.
El expediente avanzó así hasta llegar al juicio que comenzará dentro de tres semanas. El acusado G.E.D., que entonces tenía 18 años y hoy ronda los 25, enfrentará una posible pena de 6 a 15 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal.
“Todo, absolutamente todo, lo que encontrábamos nos llevaba a un solo nombre, un solo culpable. A dos meses de la pérdida de nuestra pequeña Milla, sabemos con certeza que todo ese sufrimiento se lo provocó una sola persona que se atrevió a robarle la inocencia con tan solo 13 años y abusar sexualmente de ella; y no tranquilo con eso la siguió hostigando psicológicamente mucho tiempo después, incluso hasta el último minuto de su vida”, compartió Ayelén en redes sociales en junio de 2021.
El proceso judicial llega luego de cuatro años de investigación, encabezada por el juez Oldemar Villa del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 y el fiscal Ariel Quinteros.
Tras el repudio social en la ciudad tras conocerse su nombre, tanto G.E.D. como su familia abandonaron Puerto Deseado.
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