
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó al último de los acusados por tentativa de contrabando de cocaína a fines de junio del 2022. El cargamento, de casi 200 kilos, había sido hallado flotando en el agua cerca de una lancha en el canal de acceso a la terminal portuaria. Por el hecho, Aureliano Villalba Cabrera recibió una pena de diez años de prisión.
En el juicio, participaron los fiscales federales Santiago Ulpiano Martínez y Diego Iglesias, junto con la fiscal coadyuvante Patricia Cisnero de la Procuraduría de Narcocriminalidad, quienes sustentaron la acusación pese a que el contrabando no se concretó. La maniobra frustrada pretendía cargar la cocaína en un buque de navegación con fines de comercialización internacional.
En el proceso que comenzó en febrero de este año, el resto de los involucrados llegó a un acuerdo a través de juicios abreviados, homologados por el mismo tribunal, y cada uno recibió una pena distinta. Emiliano Maximiliano Peralta fue sentenciado a 3 años de prisión efectiva; Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera, a 4 años y 6 meses; y Lilian Noemí Jara Cabrera, a una pena de 4 años y 2 meses de prisión. Ignacio Rolando Orué, otro de los implicados, falleció antes de llegar a juicio, extinguiéndose la acción penal en su contra.
El último de los procesados, Villalba Cabrera se había escapado de Argentina hacia Paraguay por un paso fronterizo no habilitado. Sin embargo, fue víctima de un ataque del sicariato y las autoridades lo capturaron al confirmar que tenía una orden de captura internacional. De esta manera, lo extraditaron para que enfrente el juicio en Bahía Blanca. En ese ataque, recibió dos impactos de bala en una pierna.
Esta semana, los jueces José Fabián Asís, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido consideraron al acusado partícipe primario del delito en grado de tentativa. Además de la condena de prisión, se dispuso su inhabilitación especial de cinco años para el comercio, inhabilitación perpetua para fuerzas de seguridad, y la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de condena para funciones públicas. Así lo detalló el Ministerio Público Fiscal.
El tribunal también ordenó el decomiso de bienes incautados durante la operación. Por un lado, el bote semirrígido “Al I Lafken II”, el cual “estaba sin ocupantes, con los pontones laterales desinflados, la llave de arranque colocada, una caja con elementos de pesca, chalecos salvavidas y tanques con combustible prácticamente llenos”. Lo habían encontrado antes que al cargamento depositado en el agua, en la zona de la ría de Ingeniero White, a 30 kilómetros de la Base.
También una camioneta Ford Ranger 4X4 y el GPS de la embarcación. Estos bienes fueron puestos a disposición de la Delegación ARCA de Bahía Blanca.

Las autoridades tomaron conocimiento de la droga, cuando recibieron una notificación por parte del jefe de una embarcación que navegaba la zona.
Según detallaron los documentos a los que pudo acceder Infobae en ese momento, una embarcación guardacostas y un semirrígido se dirigieron al lugar. Había 25 panes cada uno, que representaban un total de 140 kilos. A los pocos días, las autoridades encontraron un segundo bulto con 30 kilos más. Al arribar al puerto, y en presencia de testigos, los bolsos fueron revisados tras su descarga. Dos perros de la división Canes de la Prefectura Naval Argentina señalaron la existencia de drogas usando su olfato.
“Se mantuvo contacto con los clubes náuticos y las empresas portuarias, pero todo el mundo desconoce sobre esa lancha. Nadie la conocía como una lancha habitual de la zona. Constatamos que la lancha pertenece a una persona que es de origen paraguayo y que tiene domicilio en Florencio Varela, y que la compró en San Antonio” había declarado ante la prensa el jefe de Prefectura Bahía Blanca, Gustavo Albornoz.
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