Un empresario de Río Negro fue condenado a 10 años de prisión por un secuestro extorsivo

El Tribunal Oral en lo Criminal de General Roca condenó a Miguel Ángel Llambay, un empresario de larga data en el ámbito de la construcción, a diez años de prisión junto a su cómplice Jorge Rubén Toledo. Ambos fueron hallados responsables de la privación ilegal de libertad de un joven, en un esfuerzo por extorsionar a su padre.

El hecho sucedió el 1 de febrero de 2024, en Viedma, cuando la víctima fue interceptada en una gomería y forzada, a punta de pistola, a subir a un vehículo. El joven fue trasladado a una chacra, perteneciente al empresario Llambay, ubicada en la Ruta Provincial 1, donde lo golpearon brutalmente.

Desde allí, lo obligaron a llamar a su padre para exigirle la cesión de un inmueble. El objetivo era saldar una supuesta deuda.

El llamado inició con una fuerte amenaza: “¡Tenemos a tu hijo acá, tenés que firmar unos papeles, si no lo cagamos matando!”.

Los agresores indicaron que una persona iba a acercarse al domicilio de Carlos Porretti, el padre, para sellar la cesión de los derechos de la propiedad, pero cuando el agente inmobiliario se presentó, el hombre se negó a firmar.

Ante esto, liberaron a la víctima, que regresó a Carmen de Patagones en su camioneta. Mientras tanto, su padre presentó la denuncia correspondiente, que derivó en una investigación policial.

La fiscal María Claudia Frezzini dijo que, mientras mantuvieron cautivo a Juan Porretti, los imputados le robaron sus pertenencias tras amenazarlo con un arma de fuego. Y además le atribuyó a Toledo haber chocado con su camioneta Amarok un móvil policial cuando intentaba escapar.

Con esto, el tribunal, compuesto por los jueces Simón Pedro Bracco, Alejandro Silva y Marcos Aguerrido, consideró los testimonios y evidencias presentadas como concluyentes, en línea con la información publicada por el portal Fiscales.gob.ar.

Según el fallo emitido el pasado 8 de mayo, Llambay y Toledo fueron declarados coautores penalmente responsables del delito de privación ilegal de libertad coactiva, agravado por la participación de más de tres personas, en concurso ideal con lesiones leves y robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada.

La Fiscalía había solicitado una pena de 11 años para los imputados, cifra que, finalmente, el tribunal ajustó a una condena de 10 años en conjunto.

Llambay no es un desconocido para la Justicia. Este nuevo capítulo en su historial criminal se suma a una larga lista de antecedentes que incluyen condenas por lesiones graves y un caso de estafa. Este historial delictivo pesó significativamente en el proceso y justificación de la sentencia reciente.

En el año 2010, fue condenado a cinco años de prisión por agredir a un joven con una botella, un incidente que sucedió el 23 de diciembre de 2007 y que ya había marcado su reputación en la comunidad.

Por otro lado, en 2016 fue detenido por la Prefectura Naval en inmediaciones de Puerto Madero, CABA, por una causa de estafa que se sustancia en los tribunales de la Capital Federal y además por un pedido de captura nacional e internacional dictado por la justicia rionegrina.

A pesar de las peticiones por parte de la defensa para una absolución o, en su defecto, una condena menor por intento de secuestro extorsivo, el tribunal destacó la gravedad de los hechos y la planificación con claras intenciones de conseguir el inmueble, reafirmando la severidad de la sentencia.

Los implicados actualmente están detenidos en el penal federal de Viedma, cumpliendo su condena bajo prisión preventiva hasta que se resuelva cualquier apelación pendiente.