
Soledad Aquino fue asesinada en la ciudad de Victoria en las últimas horas y el presunto femicida, su ex, luego intentó suicidarse. El ahora detenido había sido denunciado previamente por la víctima por violencia de género y privación de la libertad. Eso le valió una condena a la que se llegó en un juicio abreviado: le dieron dos años y seis meses y la Justicia de Entre Ríos lo dejó libre. Una semana después, la mató.
Soledad había denunciado a su ex por amenazas, lesiones leves, daños y privación de la libertad. Lo hizo en dos oportunidades, una en noviembre y otra en diciembre de 2024.
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El 6 de mayo pasado, el juez Luis Marquez Chada convalidó el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Aquino para realizar un juicio abreviado. Además de los delitos denunciados, a Albornoz se lo condenó por desobediencia judicial. La pena acordada fue de dos años y seis meses. Esto significó que el acusado quedara en libertad.
Este martes, Albornoz, ya en libertad, ingresó por la ventana de la casa de Soledad, ubicada en Pringles y Liniers de esa ciudad entrerriana, y la atacó con un cuchillo mientras ella dormía.
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Posteriormente, el presunto femicida intentó quitarse la vida, causándose heridas en el tórax. Luego, llamó a su actual pareja y le avisó lo que había hecho. Según la Policía de Entre Ríos, esta comunicación se produjo a las 6:40 del martes.
Al llegar a la escena del crimen, los policías encontraron a Soledad sin signos vitales y al presunto femicida herido. Una ambulancia lo llevó al Hospital Salaberry y, luego, fue trasladado al centro de salud San Martín de Paraná. Allí quedó internado en terapia intensiva.
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Críticas
El crimen sacudió a la comunidad de Victoria. La ciudad, de apenas 40 mil habitantes, suspendió los actos por el aniversario de su fundación. “Debido al lamentable hecho que ha conmocionado a toda nuestra comunidad, se ha reprogramado el cronograma de actividades previstas para conmemorar los 215 años de nuestro hito fundacional”, informó el gobierno local, presidido por la intendenta Isa Castagnino.
Los ojos y las críticas volvieron a ponerse sobre la Justicia y la Fiscalía, órgano titular de la acción penal en la provincia. En particular, los cuestionamientos apuntaron a Flavia Villanueva, la fiscal actuante en el caso. La Asamblea de Mujeres exige ahora que renuncie a su cargo.
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Villanueva no concursó para ser fiscal. Fue designada como interina por el Procurador General Jorge García en 2018. Desde entonces quedó en el cargo. Su nombre no figura en el listado de inscriptos para concursar por cargos del Consejo de la Magistratura.
En tanto, el juez Márquez Chada fue nominado por el ex gobernador justicialista Gustavo Bordet. El entonces mandatario dejó de lado el criterio histórico de elegir al primero de la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura y eligió el tercero.
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Marquez Chada es el hijo de un histórico dirigente del peronismo de Victoria Luis “Chuni” Márquez.
Las explicaciones
A horas del crimen, Fiscalía emitió un comunicado tratando de justificar su accionar. Ante “el triste suceso de público conocimiento” comenzó la investigación del femicidio de Soledad Andino y dispuso la detención de Diego Albornoz.
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“La medida fue dispuesta por entender que es el autor del crimen ante la contundencia de las pruebas recabadas, tales como su presencia en la vivienda de la víctima con rastros de sangre, fotografías, comunicaciones por WhatsApp, secuestro del arma homicida y declaración de su actual pareja", ampliaron.
E informaron en un parte rubricado por Villanueva y sus pares Eduardo Guaita, Ivan Yedro y Jorge Gamal Taleb: “La evidencia fue obtenida en el lugar del hecho, con la colaboración del personal de la Policía científica”.
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Por qué lo dejaron libre
Con respecto a la actuación anterior que dejó libre a Albornoz, el comunicado precisó: “La condena fue dictada en el marco de un proceso de juicio abreviado, llevado a cabo con el conocimiento y consentimiento de la víctima”.
Luego, destacaron que las denuncias fueron hechas por Soledad “en noviembre y diciembre de 2024, por lo que Albornoz fue condenado seis meses después de formulada la primera denuncia”. Los fiscales señalaron que, dado que se trataba de su primera condena y que no tenía antecedentes penales, “la pena de prisión fue de ejecución condicional”.
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Se le impusieron entonces “medidas de protección en favor de la víctima”. Entre ellas, figuraba la entrega de botón antipánico y prohibición de todo tipo de contacto. También, más reglas de conductas. La Fiscalía de Victoria consignó que además intervinieron el Juzgado de Familia y sus Equipos técnicos y de salud mental.
“En el marco de nuestras competencias funcionales, actuamos comprometidos de manera categórica con el deber de investigar de forma diligente para evitar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia, y el derecho a la verdad de la víctima y sus familiares”, concluyó el escrito.
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