Felicitas Alvite se sube al camión de traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense y se descompensa. Es el jueves 24 de abril y la semana no pudo terminar de peor manera para ella. Todavía no puede entender la nueva decisión de la justicia. Algunos días antes del desmayo, la mujer acusada de atropellar y matar a un motociclista mientras corría una picada en abril del año pasado recibió una pésima noticia judicial: el juez Claudio Bernard, del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, dispuso que “la Toretto” sea trasladada de la alcaidía de Melchor Romero a una cárcel común, el temido penal de mujeres de Magdalena.
Alvite no quería ser trasladada. En Melchor Romero estaba cerca de su familia, que la visitaba regularmente y había generado cierto vínculo con las personas que la rodeaban. Pero cuando la Justicia es quien maneja tu destino, las cosas pueden cambiar abruptamente.
El magistrado entendió que no podía seguir detenida en una alcaidía por haberse cumplido el plazo de 6 meses previsto por la ley. Por eso, solicitó, a mediados de abril, cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para que sea movida a una cárcel común. Esto quiere decir: en un pabellón rodeado del resto de las presas y sin ningún aislamiento especial.
Según pudo constatar Infobae de fuentes judiciales, el día de su llegada, Alvite tuvo una primera entrevista con la Junta de Admisión de la Unidad 51 de Magdalena. Allí se determinó que su lugar de alojamiento sería la celda 6 del pabellón de planta baja. La joven de 20 años comparte sus días con otras ocho internas. El pabellón cuenta con cuatro celdas colectivas con capacidad para 10 internas cada una.
En cuanto a los primeros informes del SPB que llegaron a tribunales, Alvite mostró una “convivencia sana” con el resto de las reclusas y un “trato respetuoso” con el personal penitenciario. Tal como pasaba en Melchor Romero, la joven acusada del homicidio de Walter Armand tiene asistencia psicológica y psiquiátrica.
“Respecto a la alimentación, no ha solicitado una dieta especial, se muestra voluntariosa y ha manifestado interés por cursar una carrera terciaria”, cuenta una fuente con acceso al expediente.
La cárcel de Magdalena fue denunciada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por graves irregularidades. La presentación se hizo a mediados del año pasado. Los integrantes de la CPM realizaron un informe donde advirtieron, entre otras cosas, una sala para realizar sujeciones mecánicas de las internas.
“Constatamos una celda de sujeción mecánica en el sector de las mujeres, falta de profesionales, de medicamentos y otros insumos, condiciones materiales de alojamiento gravosas y dificultades para que los detenidos con turnos -en hospitales extramuros- puedan asistir a la atención médica”, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con el diario Tiempo Argentino en aquel entonces.
Lo curioso del caso procesal de Alvite es que el máximo tribunal provincial, la Cámara de Casación, decidió que debía llegar al juicio en prisión domiciliaria. Esto fue en enero. Entonces, ¿por qué sigue en la cárcel?
La explicación está plagada de tecnicismos, pero se puede intentar explicar de una manera sencilla. La Cámara de Apelaciones le había negado la posibilidad de la domiciliaria. Por eso, el defensor de Alvite, Flavio Gliemmo, apeló al tribunal superior, Casación.
La Cámara de Casación no estuvo de acuerdo con los jueces inferiores y dictaminó que sí correspondía la domiciliaria. Esto fue el 30 de diciembre. Pero le pidió a la Cámara de Apelaciones que sean ellos quienes modifiquen su fallo.
Ante la orden de jueces superiores, los magistrados de la Cámara de Apelaciones no tuvieron más remedio que cambiar su visión y ordenar la prisión domiciliaria el 20 de enero pasado. Sin embargo, esto último fue apelado por la familia de la víctima. Por lo tanto, esa apelación fue nuevamente a Casación.
“Es una obviedad que Casación va a rechazar la apelación y confirmar la domiciliaria. No va a ir en contra de su propio fallo, pero hasta el momento no se expidió y no tiene un plazo establecido para hacerlo. Por lo tanto, Alvite está esperando desde enero una domiciliaria que no se sabe cuando va a llegar y, en el medio, se da este traslado”, explica el abogado de la acusada.
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