El doble homicidio de Paloma Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14), los adolescentes asesinados el pasado 30 de enero en un descampado de Florencio Varela, podría tratarse de un “crimen de odio” en el que hubo al menos dos asesinos, según afirmó Aníbal Osorio, abogado de la familia de la joven muerta.
Además, el letrado anticipó que en un plazo de no más de dos meses podrían estar identificados y detenidos los autores del doble crimen.
Según declaraciones realizadas al programa radial “Tiempo de policiales” por ATP Radio, Osorio sostuvo que el caso reviste “mucha violencia y saña”, especialmente en las lesiones observadas en el cuerpo de Gallardo.
“El robo pasa a un plano secundario. Fue un doble asesinato muy violento, que pudo tener un tinte de odio, de ensañamiento por cómo estaban las víctimas, principalmente Paloma, que recibió más agresiones”, dijo. Además, deslizó que el motivo del ataque podría estar relacionado con “el hecho de ser lindos”.
Si bien dijo que en el hecho participaron al menos dos personas, no descartó que haya más involucrados. Señaló que las víctimas fueron asesinadas en un descampado aislado, sin cámaras de seguridad ni vigilancia vecinal, lo que complica la obtención de pruebas visuales directas.
Osorio detalló que actualmente se investiga a personas que estuvieron en la escena del crimen en el horario en que se presume ocurrieron los asesinatos, y aclaró que algunos sospechosos “están bajo control”, aunque el fiscal de la causa, Darío Provisionato, aún no consideró ordenar las detenciones.
El abogado criticó el manejo inicial de la causa, pero destacó que con el nuevo fiscal “se está trabajando muy bien”. Explicó que ahora están esperando los resultados de pericias químicas de sangre y ADN, esenciales para conectar a los autores con el hecho. “La causa está encaminada. Estamos recopilando pruebas testimoniales, documentales, informativas y el relevamiento de cámaras de seguridad”, añadió.
Osorio también descartó que en las imágenes forenses se vea una huella de zapatilla en la ropa de las víctimas, como había trascendido en versiones previas. “Según las imágenes que tengo de la causa, no advierto ninguna huella ni en la ropa ni en el cuerpo de los chicos”, subrayó.
El abogado explicó que aún no se ha determinado un móvil concreto, y que por eso la investigación prioriza seguir una línea clara antes de dispersarse en múltiples hipótesis.
“Tal vez lo del móvil del crimen lo dejamos para el final, porque si partimos por investigar cuál es el móvil, nos dispersamos. Tenemos que abocarnos a sumar elementos de prueba que nos conecten con los presuntos autores”, indicó.
Asimismo, descartó como principal hipótesis que el crimen esté vinculado con actividades de narcomenudeo, pese a que en un principio se barajó que los adolescentes podrían haber visto algo indebido.
Tras relevamientos en la zona, vecinos negaron que allí se vendieran drogas, aunque sí admitieron que sí es un lugar donde se consume. Según Osorio, los informes de la Policía Federal no detectaron pruebas de comercialización en el lugar.
Paloma y Josué desaparecieron a finales de enero, cuando iban presuntamente al gimnasio. Dos días después, sus cuerpos fueron hallados en un predio abandonado. La autopsia reveló que ambos murieron por traumatismos encefalocraneales graves con fracturas de cráneo. En el caso de Paloma, la causa fue una “lesión cerebral”, mientras que Josué falleció por una “hemorragia cerebral”.
El 9 de abril pasado la Cámara de Apelación y Garantías de Quilmes resolvió este miércoles revocar la prisión preventiva contra Gonzalo Andrés López, único detenido por el doble crimen.
López, un comerciante de Río Negro, está imputado encubrimiento agravado. Su celular Samsung A02 comparte número de IMEI, marca y modelo con el del adolescente asesinado. Las pruebas que hay en el expediente indican que son teléfonos clonados.
Provisionato sostenía una hipótesis -que avaló juez de Garantías N°8 de Florencio Varela, Adrián Marcelo Villagra- para mantener tras las rejas al sospechoso: alguien llevó el dispositivo de Josué a Río Negro después de que los mataran.
La Cámara echó por tierra la versión, al entender que ese escenario es imposible porque el IMEI estuvo activo al mismo tiempo en la Patagonia y en Florencio Varela entre el 17 y el 19 de noviembre, más de dos meses antes de los asesinatos.
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