El instructor de perros Marcos Herrero fue condenado este martes por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca a 7 años de prisión por haber plantado pruebas en la causa por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, ocurrida en 2020. Además, recibió una inhabilitación de 14 años para ejercer su profesión. No fue su primera sentencia: hace dos años, la Justicia de Mendoza le dio 8 meses de cárcel, luego de intervenir como supuesto perito en la búsqueda de una mujer desaparecida.
La sentencia de este martes fue dictada por el juez Ernesto Sebastián, quien lo encontró culpable de falso testimonio reiterado en siete oportunidades y agravado por tratarse de una causa criminal.
Herrero había llegado al juicio acusado de plantar objetos personales de Astudillo Castro en lugares claves de la investigación y de inducir a sus perros para simular hallazgos. Según el Ministerio Público Fiscal, con sus acciones intentó incriminar a policías de la Bonaerense.
Las maniobras señaladas por la fiscalía se concentraron en intervenciones llevadas a cabo entre julio de 2020 y marzo de 2021. En esas fechas, Herrero participó con sus perros de varios procedimientos, entre ellos inspecciones a móviles policiales y al Puesto de Vigilancia de Teniente Origone.
Según la acusación, en ese destacamento colocó un amuleto con forma de sandía y piedras turmalinas que, supuestamente, pertenecían a Facundo. Tres testigos cercanos al joven declararon que nunca lo habían visto con ese objeto, por lo que los investigadores dedujeron que no lo llevaba habitualmente. Además, se probó que las dos piedras encontradas no provenían del mismo cristal, y que el joven llevaba una turmalina violeta, no negra.
Así, Herrero, según la fiscalía, simuló siete hallazgos de supuestas pruebas en calabozos, vehículos y terrenos. El fiscal Gabriel González Da Silva sostuvo en su alegato que el acusado montó una “burda mentira” para desviar la investigación y que aprovechó el contexto de desesperación de la familia, el desconocimiento técnico de quienes participaban de los operativos y la falta de controles científicos sobre el uso de perros rastreadores.
“Nada de lo que hizo tuvo rigor científico”, afirmó el funcionario judicial. El juez no hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía, pero sí ordenó que se le prohíba salir del país y se le retenga el pasaporte. Una vez que la sentencia quede firme, Herrero será detenido.
Además, el juez unificó esta condena con otra previa, la dictada por la Justicia de Mendoza, y fijó una pena única de siete años y ocho meses de prisión. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 29 de abril.
El caso Viviana Luna
Herrero, de 45 años, vive en Viedma, Río Negro. Es ex policía y se presenta como especialista en búsqueda de personas. Participó en causas de alto perfil, además de la de Astudillo Castro. Prácticamente en todos los casos se atribuyó hallazgos que después fueron cuestionados.
En Mendoza intervino en la causa por la desaparición de Viviana Luna, ocurrida en 2016. Fue contratado por la familia, que lo consideró una última esperanza. Su actuación terminó con la mencionada condena judicial por falsa denuncia, falso testimonio, usurpación de títulos y encubrimiento simple.
La investigación en la provincia cuyana reveló que Herrero había plantado restos óseos en una casa abandonada de Potrerillos, que ya había sido inspeccionada por personal especializado sin resultados.
Los huesos, que supuestamente eran de Viviana Luna, resultaron pertenecer a un hombre. Un estudio genético determinó que estaban contaminados con ADN del propio Herrero.
Además, coincidían con restos que el adiestrador había presentado en las búsquedas de otra mujer en la provincia de Santa Cruz. Por ese caso, fue detenido en diciembre de 2021 y liberado en agosto de 2022. Finalmente, en marzo de 2023 fue condenado a ocho meses de prisión en suspenso.
El caso Araceli Fulles
La intervención de Herrero también fue cuestionada en la causa por el femicidio de Araceli Fulles, asesinada en 2017. El Tribunal de Casación Penal bonaerense absolvió a tres de los condenados por el crimen y pidió que se investigue su actuación como perito.
En el fallo se destacó que su perro había realizado “marcaciones” en un corralón y en un vehículo, lo que derivó en detenciones. Más tarde, esa prueba fue considerada débil y carente de sustento.
Los jueces también solicitaron a la Procuración General que evalúe la implementación de protocolos para el uso de perros rastreadores, y remarcaron que Herrero no contaba con certificación oficial para desempeñar ese rol.
El caso de Araceli, por el cual el instructor continúa bajo investigación, no fue el único donde se advirtieron inconsistencias. La sentencia mencionó otras causas en las que Herrero afirmó encontrar elementos clave que después no pudieron ser verificados. En todos los casos, su figura quedó asociada a intervenciones llamativas que despertaron dudas sobre su rigor técnico y profesional.
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