Tres efectivos de la Policía Bonaerense fueron detenidos en el marco de la causa que investiga el accionar de la fuerza durante la contención del motín que tuvo lugar en la comisaría 2ª de Ensenada – Punta Lara en octubre de 2024. Están imputados por torturas y falsedad ideológica.
La subcomisaria Adriana Cecilia Ponce -titular de la dependencia- y el sargento Leandro Ignacio Altamiranda -custodio de los calabozos- fueron capturados este viernes por orden del Juzgado de Garantías Nº2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi.
Los arrestó personal de Asuntos Internos dentro de la misma comisaría donde ocurrieron los hechos denunciados. El tercer imputado, el subcomisario Ángel Daniel Barrientos, ya estaba detenido tras haber recibido una condena por un episodio de características similares ocurrido años antes en la comisaría 4ª de Berisso.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, a partir de la represión del motín en la madrugada del 21 de octubre de 2024.
En ese momento, según reconstruyó el organismo, entre 30 y 40 agentes de la Policía Bonaerense ingresaron a la zona de calabozos de la comisaría y desplegaron maniobras consideradas “excesivas y desproporcionadas” por la fiscalía interviniente, encabezada por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic.
Según el expediente judicial, la represión comenzó tras una protesta de los detenidos por las condiciones de alojamiento. Los efectivos utilizaron escopetas con postas de goma, gases lacrimógenos, chorros de agua con gas pimienta y otros medios coercitivos.
La violencia se aplicó en condiciones de oscuridad total, ya que previamente se había interrumpido el suministro eléctrico en el sector de calabozos, de acuerdo a la CPM.
Torturas y humillaciones sexuales
Una vez reducidos, los detenidos fueron trasladados a la celda de contraventores. Para llegar allí, debieron atravesar un pasillo formado por policías que los golpeaban con palos, tonfas y puños, en una práctica identificada como “puente chino”.
Posteriormente, fueron desnudados, atados con precintos, acostados boca abajo y apilados unos sobre otros. En esa posición, los efectivos continuaron golpeándolos y profirieron amenazas de muerte y agresiones sexuales, según se denunció.
La investigación sigue la hipótesis de que los policías frotaron sus tonfas en las partes íntimas de los internos, simularon penetraciones y los obligaron a realizar actos de humillación sexual.
Tras conocer los hechos, equipos técnicos de la CPM se presentaron en la comisaría, entrevistaron a las víctimas y elaboraron un informe que acompañó la denuncia penal. En paralelo, el subsecretario de Derechos Humanos del Municipio de Ensenada, Carlos Dabalioni, también se hizo presente, levantó testimonios de los detenidos. Su declaración y las observaciones recogidas en esa visita fueron incorporados a la causa.
La acusación contra los tres policías incluye, además, el delito de falsedad ideológica, debido a que falsificaron el acta oficial del procedimiento. Según la documentación judicial, los imputados insertaron afirmaciones falsas con el objetivo de justificar la represión, sosteniendo que las personas privadas de su libertad habían intentado fugarse, que estaban armadas y que habían iniciado una pelea entre ellas. Para el fiscal, esas afirmaciones quedaron desmentidas por los informes médicos, los testimonios y la intervención de organismos de derechos humanos.
Según pudo corroborar Infobae de fuentes policiales, los efectivos detenidos en las últimas horas fueron desafectados del servicio. Se les retiró el armamento y el chaleco de protección, y se iniciaron los trámites administrativos correspondientes.
Antecedentes
Para la Comisión Provincial por la Memoria, los hechos en la comisaría 2ª no constituyen un caso aislado, sino parte de una “práctica sistemática de tortura en lugares de encierro” de la provincia de Buenos Aires.
El organismo recordó que desde 2019 ya habían documentado hechos similares en esa dependencia policial.
También citaron otros antecedentes, como el caso de la comisaría 3ª de La Tablada, con episodios de tortura ocurridos entre 2019 y 2020, que concluyeron con la condena de 14 policías, y el de la comisaría de Domselaar, con hechos ocurridos entre 2015 y 2016, cuyo juicio fue recientemente postergado.
El caso de Ángel Daniel Barrientos, actual detenido e imputado en esta nueva causa, refuerza ese señalamiento. En diciembre de 2024, este subcomisario recibió una condena a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de severidades, vejaciones y falsedad ideológica por una represión durante una requisa en la comisaría de Berisso en marzo de 2018.
La CPM advirtió que su continuidad en funciones, pese a las denuncias y los antecedentes, evidencia una “falla estructural en los mecanismos de control interno” del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Javier Alonso.
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