Con un vasto despliegue de uniformados, el gobierno de Santa Fe llevó a cabo un fuerte operativo de traslado de casi un centenar de detenidos a un penal de máxima seguridad, con el objetivo de aliviar la sobrepoblación carcelaria en dependencias policiales.
Un total de 62 reclusos fueron trasladados ayer miércoles desde la Comisaría 2ª de la Unidad Regional II de la ciudad santafesina, al Complejo Penitenciario Rosario, dependiente del Servicio Penitenciario provincial. La medida forma parte de una estrategia para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa de la Policía en la región.
El procedimiento estuvo encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien supervisó las tareas junto a la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. Según explicó el funcionario, el traslado responde a la necesidad de reducir la cantidad de reclusos en comisarías y mejorar la operatividad policial.
“Es mejor que los detenidos estén en las unidades penitenciarias, ya que el preso en comisaría genera como efecto de arrastre un montón de otros problemas. El patrullero tiene que estar dando seguridad, patrullando la ciudad, no siendo el remís del preso para llevarlo al hospital u otras diligencias”, afirmó Cococcioni.
El traslado de reclusos también se extendió a la comisaría 24ª de Granadero Baigorria, donde se movilizaron 34 internos.
El ministro de Justicia y Seguridad detalló que al asumir la gestión, la Unidad Regional II contaba con 600 detenidos en comisarías. Tras los operativos recientes, la cifra se redujo a 302 internos, el número más bajo desde el inicio de la administración.
“Teniendo en cuenta que la población penal no para de aumentar como consecuencia de algo que es positivo, que es la proactividad policial en calle y la mejora de las investigaciones criminales, durante todo el 2024 la población penal en total creció a un ritmo un 50 % superior a años anteriores. Es decir, mientras sacamos presos de la comisaría, la Policía sigue deteniendo delincuentes”, sostuvo el ministro.
Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, destacó la magnitud de los traslados realizados en los últimos días: “Hoy estamos trasladando 100 personas y el viernes trasladamos casi 60, con esto podemos decir que en los últimos 10 días se trasladaron 182 personas que estaban en dependencia de la URII y que fueron al Servicio Penitenciario”.
La sobrepoblación carcelaria y el traslado de presos de comisarías a cárceles es un foco de conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, que se desató ante la fuga de detenidos de distintas dependencias debido al hacinamiento en las dependencias porteñas.
Días atrás, y tras un habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia ordenó que los presos condenados que se encuentren alojados en comisarías y alcaldías porteñas sean trasladados a cárceles federales.
El fallo fue emitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 23, a cargo del juez Norberto Circo, el cual resolvió el cambio de alojamiento para aquellos detenidos que se estén en dependencias policiales de CABA y que cumplan con los requisitos de ingreso al servicio penitenciario federal.
Se trata de 411 presos, según se especificó en la resolución, de los cuales 347 están a disposición de la justicia nacional, mientras que el resto se dividen entre la justicia porteña (57), federal (5) y bonaerense (2). De este total, 181 tienen sentencia firme. Los demás, en primera instancia.
En el documento, las autoridades judiciales argumentan que la decisión fue tomada ante la problemática de la sobrepoblación que existe en las comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente hay 2.455 personas detenidas. Un escenario que, según alegaron, vulnera su dignidad.
A fines de enero de este año, la Ciudad de Buenos Aires difundió estadísticas sobre el estado de los presos en las comisarías, alcaidías y celdas modulares porteñas. Los datos marcan aún más en claro la problemática de la superpoblación que se arrastra desde 2020, cuando el gobierno nacional de turno cerró el grifo de traslados a penales federales de los detenidos, incluso con condena firme, y pasaron de 60 apresados a más de 2.200 que hay en la actualidad.
Aunque el Servicio Penitenciario Federal se lleva unos 90 reos por semana, la situación continúa siendo alarmante.
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