El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a cuatro acusados del transporte de 418 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cemento. Les impuso penas de entre 7 años y 9 años y 6 meses de prisión. La operación había sido desbaratada en noviembre de 2023 gracias a una investigación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, liderada por el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos.
El tribunal, presidido por el juez Domingo Batule e integrado por las vocales Gabriela Catalano y Alejandra Cataldi, declaró culpables a los acusados por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de participantes, tras un juicio que se desarrolló entre septiembre y noviembre, informó en las últimas horas el sitio Fiscales.gob.ar.
Entre los condenados, Santos Pascual Yufra, chofer del camión que transportaba la droga, y David Liquitaya Choque, encargado de gestionar los vehículos utilizados por la organización narcocriminal, recibieron penas de 9 años y medio de prisión, como coautor y partícipe necesario, respectivamente.
Fernando Ariel Ramírez, acompañante de Yufra, fue sentenciado a 7 años de prisión, mientras que Darío Ezequiel Giménez, quien conducía un vehículo “puntero” para alertar sobre controles policiales, fue condenado a 8 años y medio. Por su parte, la pareja de Yufra, Matilde Ayala, fue absuelta.
A pedido del Ministerio Público Fiscal, el tribunal ordenó el decomiso de un camión Volvo tipo tractor, un semirremolque tolva y siete teléfonos celulares. Según la fiscalía, otros vehículos secuestrados continúan bajo proceso de decomiso.
La operación narcocriminal
La investigación del MPF expuso la modalidad de adquisición de la droga en Bolivia, su traslado por territorio argentino -como las provincias de Córdoba y Buenos Aires- y su destino final en mercados internacionales. Según el fiscal Toranzos, el caso también reveló el manejo financiero de la organización, incluyendo maniobras para el “blanqueo” del dinero obtenido.
La organización desarticulada en Salta estaría vinculada a otra investigación liderada por la PROCUNAR NOA y la Unidad Fiscal de Jujuy, que indaga un esquema de lavado de activos operado por un clan familiar en esa provincia.
El tráfico de los 418 kilos de cocaína, que representaban un potencial de 3.321.490 dosis, según la fiscalía, fue planeado por Maximiliano Liquitay, quien actualmente se encuentra prófugo con pedidos de captura nacional e internacional.
El caso se originó en una denuncia anónima recibida dos meses antes del operativo, en la que un chofer afirmó haber sido contactado por la organización para transportar cocaína y proporcionó datos clave sobre sus miembros, incluyendo a Yufra, Liquitaya y Liquitay.
Las investigaciones incluyeron tareas de inteligencia criminal y escuchas telefónicas, las cuales revelaron la planificación y ejecución del transporte. El operativo se inició el 12 de noviembre de 2023, cuando el camión fue interceptado en Burruyacú, Tucumán, después de que se le realizara una inspección con escáner y perros entrenados que confirmó la presencia de cocaína oculta bajo miles de kilos de cemento.
El MPF destacó el rol de David Liquitaya, especialista en gestionar vehículos y documentación para evitar irregularidades que despertaran sospechas. Este imputado, además, estaría relacionado con otras operaciones de narcotráfico en la región, incluida una que resultó en el secuestro de 200 kilos de droga y vehículos de alta gama en Jujuy.
Según la fiscalía, la organización utilizaba una estructura sofisticada, con inversiones significativas, como la adquisición de camiones, cargamentos de cemento y documentos en regla. Liquitaya, quien se presentó como pastor evangélico, habría usado la sede de una iglesia en Tucumán como pantalla para estas actividades.
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