La Fiscalía de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, pidió que la causa por espionaje ilegal en contra del ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, sea elevada a juicio tras más de dos años de investigación. Además del ex funcionario, hay otras seis personas que fueron parte de su equipo de trabajo durante la gobernación de Omar Perotti.
A la espera de la respuesta de la Justicia, el fiscal adelantó que pedirá una condena de 11 años en prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena, es decir, por 22 años. En la instancia oral, también serán juzgados la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman (48), la ex jefa del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini (48), el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro (57), el ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez (37) y el ex subsecretario de Control Institucional, Diego Alfredo Rodríguez (44), y la ex empleada de la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard (31).
En el caso de los ex funcionarios que fueron señalados por presuntamente haber participado de las tareas de espionaje, Hernández solicitó penas diferencias, según el nivel de responsabilidad que habría tenido cada uno. De esta manera, Schujman podría ser sentenciada a 9 años en prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por presuntamente haber sido la organizadora de la asociación ilícita. La misma pena podría ser aplicada en el caso de Cotichini.
Para Montenegro, la condena sería de 7 años de cárcel por supuestamente haber sido parte de la asociación ilícita y haber cometido una serie de delitos, entre ellos, malversación de caudales públicos calificada por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados, abuso de autoridad por ejercicio y dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales, y destrucción de documentos.
De acuerdo a la información publicada por Rosario3, Álvarez y Rodríguez afrontarían una condena de 5 años en prisión sumado a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, Bernard podría ser sentenciada a una condena de 3 años de cárcel e inhabilitación. No obstante, no se aclaró cuáles habrían sido los roles que estos tres imputados habrían tenido en el presunto delito.
Hasta el momento, la investigación planteó que la organización criminal habría funcionado de forma permanente entre el 30 de diciembre de 2019 y el 26 de noviembre de 2021. Asimismo, señalaron que la estructura habría sido encabezada por el ex ministro de Seguridad, la ex directora de la Agencia de Control Policial y la ex jefa del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur hasta generar dos ramificaciones en el Ministerio de Seguridad provincial y el Organismo de Investigaciones.
“El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, sostuvo el fiscal al explicar que el ex titular de la cartera y las organizadoras habrían puesto en funcionamiento un sistema que permitía la comisión de delitos y garantizaba la impunidad de los involucrados en la causa.
Respecto de la investigación, las autoridades apuntaron que los acusados habrían confeccionado informes de inteligencia que incluía información como, por ejemplo, multas de tránsito, antecedentes penales, registros de salidas y entradas al país, bienes, capacidad financiera y publicaciones en las redes sociales. Asimismo, habrían sumado detalles de la vida privada de los familiares y allegados de las personas que fueron investigadas, los cuales habrían sido obtenidos de bases de datos públicas y privadas, legajos, expedientes penales y de tareas de calle.
A pesar de que las identidades de las personas damnificadas fueron reservadas, el fiscal señaló que se tratarían de funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, empresarios, sindicalistas, militantes sociales, abogados, periodistas, y otros profesionales. En los procedimientos se sospecha de la participación de la policía, debido a que el ex ministro de Seguridad habría ordenado que se realicen torturas o vejaciones a personas privadas de su libertad. Incluso, fueron acusados de destruir documentos públicos y aprovecharse de la información y evidencia de causas judiciales contrarias a los fines penales.
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