El Ministerio Público Fiscal de Salta pidió la elevación a juicio para el ex secretario de Seguridad de la provincia, Benjamín Cruz, imputado por el delito de tráfico de influencias en el marco de una investigación vinculada al asesinato de Darío Monges.
El requerimiento fue presentado por los fiscales penales Mariana Torres y Ramiro Ramos Ossorio, tras el análisis de nuevos elementos probatorios que surgieron durante el juicio por el crimen de Monges, un asesor político de Salta que tenía vínculos narcos y que fue encontrado acribillado a balazos en septiembre de 2022.
La acusación sostiene que Cruz facilitó el acceso de Monges a la Unidad Carcelaria de Orán, donde la víctima se presentó como asesor del Ministerio de Seguridad para poder reunirse con el interno Alejandro “Cabezón” Díaz, un sicario vinculado al líder narco Cristian “El Gringo” Palavecino. En ese encuentro, según indicaron fuentes judiciales a Infobae, Monges habría solicitado 100.000 dólares a Díaz a cambio de favores relacionados con su detención, como traslados y permisos de visita.
Aquella reunión se produjo el 1 de junio de 2022. Tres meses después, el 1 de septiembre, el asesor desapareció. Su cuerpo fue encontrado tras dos días de búsqueda con cinco disparos en la cabeza, dentro de su camioneta.
Al margen del crimen, cuya causa se tramita en el fuero federal, la Justicia salteña comenzó a investigar el ingreso irregular de Monges a la cárcel.
A partir de chats, videos y testimonios recabados, la fiscalía sostiene que Monges trabajaba de manera informal para Cruz. Y que fue el ex funcionario quien gestionó la visita del asesor asesinado a la cárcel a través de Ángel Sarmiento, el entonces director general de Políticas Penales. En ese contexto, lo imputaron el mes pasado por tráfico de influencias, un delito relacionado con el abuso de poder para conseguir favores personales o ilegales.
La acusación fue rechazada por Cruz. En su primera declaración, en noviembre de 2022, negó conocer al sicario y aseguró que su relación con Monges se limitaba a contactos esporádicos por cuestiones de seguridad en eventos deportivos.
En su defensa, además, Cruz sostuvo que la autorización para el acceso a la unidad penitenciaria no era parte de sus responsabilidades, y que tras recibir la solicitud de Monges, derivó la gestión a Sarmiento, quien se encargó de resolver el asunto.
En los últimos días, el acusado volvió a pronunciarse inocente y a ratificar su versión respecto de su vínculo con la víctima. “Monges no tenía ninguna relación de dependencia conmigo. No trabajaba para mí, ni hacía ningún tipo de trabajo en el norte por orden mía. Muchas personas lo han descrito a Darío de distintas formas, algunos lo llamaban fabulador, otros mentiroso. Lo que quiero dejar en claro es que nunca tuvo una relación laboral conmigo”, aseguró en diálogo con FM Infinito.
Esa fue su primera manifestación pública. “Guardé silencio porque correspondía que trabajara en el proceso de investigación, que la Justicia pudiera actuar tranquila y autónomamente. Oportunamente, también resguardé mucho lo que tenía que ver con el secreto de sumario. Pero hoy también he decidido hablar por el daño que le están haciendo a mi familia, con las difamaciones, con todas las exacerbaciones que hacen muchas veces. Leen ‘Cruz’, ‘sicarios’, ‘narcotráfico’ y mezclan y relacionan todo. Esto afecta mucho a mi esposa y mis hijos adolescentes”, explicó en la entrevista.
En el pedido de juicio contra Cruz, los fiscales solicitaron que subsidiariamente se considere el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En los próximos días, la defensa del ex secretario podrá impugnar la medida. Mientras tanto, la investigación sigue su curso, y el futuro judicial de Cruz dependerá de la decisión del juzgado que lleva el caso.
Sarmiento, por su parte, está imputado por abuso de autoridad y revelación de secretos. En su caso, ya fue requerido a juicio durante 2023.
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