Este último martes, en una operación conjunto llevada a cabo por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, respaldada por el Escuadrón 64 “Mendoza” de la Gendarmería Nacional, en virtud de la Ley 26.842, se logró el rescate de 28 individuos en situación de vulnerabilidad.
La pesquisa, desencadenada por una denuncia recibida el pasado jueves en la mencionada Unidad de Investigaciones, se desarrollo conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Trata de Personas y tras su conclusión, la Justicia Federal de Mendoza emitió dos órdenes de allanamiento.
Durante la incursión en el primer domicilio, una finca situada en la localidad de Corralito, departamento de Guaymallén, con el apoyo de expertos del Programa de Rescate y Asistencia a Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se detectó la presencia de 24 individuos, uno de ellos menor de 17 años, viviendo en condiciones precarias y de alta vulnerabilidad, todos originarias de Pichanal, provincia de Salta.
En relación con el segundo inmueble registrado, se identificaron dos trabajadores, así como un niño de 3 años bajo el cuidado de su tío de 16 años, habitando en condiciones precarias y también oriundos de Salta.
Durante la operación, las fuerzas del orden descubrieron la presencia de plantas de marihuana, un arma de fuego y munición calibre 16. Además, se incautaron dispositivos móviles y documentación relevante para la investigación.
La acción judicial fue autorizada por el Juzgado Federal Número 1, Secretaría Penal “A”, con la intervención de la Fiscalía Federal Número 1, a cargo de la Dra. Alejandra Obregón.
Y a mediados de enero último también en la provincia de Mendoza, efectivos de la Brigada de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Rafael” de la Policía Federal llevaron a cabo una incursión este miércoles por la tarde en una finca situada en el paraje “El Chacay”, cercano a la localidad de Malargüe donde se descubrió la presencia de 92 individuos que residían en condiciones deplorables en galpones y habitaciones improvisadas.
La operación se enmarca en una investigación iniciada en noviembre del 2023 sobre presuntos delitos de trata laboral, con sospechas que recaían sobre el establecimiento dedicado a la cosecha de ajos, el cual ya había recibido denuncias en meses previos. La presencia de menores en situación irregular confirmó las sospechas.
Agentes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas entrevistaron a los habitantes del lugar, quienes manifestaron su descontento por las condiciones de vida, destacando la escasez de espacio y la falta de condiciones mínimas de habitabilidad.
Durante el allanamiento, se constató que la gran mayoría de los residentes no estaban registrados, incluyendo a personas de nacionalidad extranjera sin los trámites migratorios correspondientes. Como consecuencia, se procedió a la clausura del establecimiento y a los procesamientos pertinentes.
Los cuatro individuos responsables de la administración del lugar fueron detenidos de inmediato, y se incautaron varios dispositivos electrónicos y documentación relevante para la investigación.
Todas las medidas fueron instruidas por el Juzgado Federal de San Rafael, a cargo del Dr. Eduardo Puigdéngolas, con la colaboración de la División de Apoyo Operativo Táctico Cuyo, que facilitó el traslado de las víctimas, así como de organismos nacionales y provinciales.
El operativo contó también con la participación de la Delegación local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Mendoza y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
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