Gendarmería allanó una ladrillera en Córdoba y rescató a siete víctimas de explotación laboral

En una operación llevada a cabo por la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba, en respuesta a una denuncia recibida el mes pasado, se realizó durante este último fin de semana, un allanamiento en una ladrillera ubicada en Juárez Celman, Córdoba, como parte de una investigación bajo la Ley 26.364, que aborda la problemática de la trata de personas con fines de explotación laboral.

Este procedimiento reveló la presencia de siete individuos trabajando en condiciones degradantes e insalubres, evidenciando una posible situación de explotación y durante la inspección del establecimiento, se encontró a siete trabajadores en condiciones que no cumplían con los estándares laborales mínimos de higiene y seguridad requeridos.

La falta de indumentaria adecuada y la ausencia de medidas de seguridad apropiadas fueron algunos de los principales hallazgos que indicaban la vulnerabilidad de los implicados.

Estas personas fueron posteriormente asistidas por profesionales de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas de la provincia de Córdoba, quienes actuaron en colaboración con representantes del Departamento de Coordinación contra el Trabajo Ilegal de la AFIP.

Además del despliegue concerniente a la Ley 26.364, la operación policial condujo al secuestro de diversos elementos ilegales y entre los objetos incautados se encontraban 12 plantas de marihuana de distintos tamaños, un frasco con cogollos de esta sustancia, una bolsa con picadura de marihuana, así como dos rifles de aire comprimido y un pistolón calibre 32 con dos cartuchos y la suma total de dinero incautado durante el allanamiento ascendió a 1.124.000 pesos. Intervino el Juzgado Federal Nro 3 de Córdoba.

Y durante los primeros días del mes de enero, en una operación coordinada llevada a cabo por efectivos de la Brigada de DUOF San Rafael de la Policía Federal allanaron una finca situada en el paraje “El Chacay”, próximos a la localidad de Malargüe, en la provincia de Mendoza.

El procedimiento, que se inscribe dentro de una investigación iniciada en noviembre de 2023, tenía como foco presuntos delitos de trata laboral y las autoridades confirmaron la existencia de denuncias previas contra el establecimiento, conocido por su actividad en la cosecha de ajos.

Durante el allanamiento, se encontraron a 92 personas alojadas en condiciones extremadamente precarias, distribuidas en galpones y habitaciones.

La situación alertó sobre la posible presencia ilegal de menores entre los trabajadores. Las víctimas, alojadas en espacios reducidos, se veían obligadas a dormir en el suelo o en camas improvisadas con pallets, según testimonios recogidos por el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas.

La investigación preliminar reveló que casi ninguno de los individuos presentes estaba formalmente registrado y además, se identificó además la presencia de personas de nacionalidad extranjera sin la documentación migratoria correspondiente.

Como resultado, se procedió a la clausura del establecimiento y a la detención inmediata de cuatro hombres responsables de administrar la finca. Además, los funcionarios secuestraron una unidad central de procesamiento, una computadora portátil, cuatro teléfonos móviles y documentación relevante para la causa.

El operativo fue instruido por el Juzgado Federal de San Rafael, a cargo del Dr. Eduardo Puigdéngolas y la Secretaría Penal dirigida por el Dr. Carlos Boldrini. Contó con el apoyo de la División de Apoyo Operativo Táctico Cuyo, facilitando el traslado de las víctimas, y la colaboración de entidades tanto nacionales como provinciales.

Y el despliegue de esta operación incluyó la participación de la delegación local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Mendoza, y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.