El desafío de la mujer a cargo de educar a los penitenciarios de los penales bonaerenses

Es un lugar complicado. No muchos docentes en la Argentina tienen el deber de educar para el polvorín.

María José Anaya, desde 2022, es la directora y responsable de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense, la institución que forma con una tecnicatura de dos años a los penitenciarios a cargo del sistema de cárceles más grande y sobrepoblado del país. También, es la primera mujer en su historia en dirigirla.

Lidera a 1600 cadetes, el 70% de ellos mujeres. Al salir, si es que terminan el curso, enfrentarán el control y gestión de un sistema de 40 prisiones y alcaidías con una sobrepoblación del 45 por ciento, 53600 detenidos -6 mil más que en 2022- para 30 mil plazas, junto a los 2400 detenidos en comisarías de la Bonaerense.

Y cuando explotan, explotan realmente. Los motines en las cárceles de Florencio Varela, ocurridos durante la pandemia, que terminaron con penitenciarios acusados por dispararle con plomo a presos, son un símbolo en la historia de la violencia contemporánea argentina. En el medio, está la corrupción penitenciaria. El año pasado, toda la cúpula de la Unidad 43° de Varela fue relevada por diversos hechos.

Entonces, ¿cómo se prepara a un chico o chica de 18 años para esto?

Anaya -pareja de un penitenciario, hija de penitenciarios, egresada de la primera camada de mujeres de la Escuela de Cadetes del SPB- es enfática cuando habla, enérgica, optimista. “La cárcel es un lugar conflictivo, difícil, cuya finalidad es reinsertar al detenido”, asegura a Infobae: “Se enseña el deber ser, se dialoga con lo que establece la ley, la escuela te forma con el reglamento, con lo que uno tiene que ser como funcionario público que sabe la diferencia entre el bien y el mal. Se les dice lo que sucede y cómo es lo que dice la ley”.

El nivel con el que llegan los estudiantes, asegura, “es medio”. Ser penitenciario, todavía, es una salida laboral

“Nos encontramos con chicos que vinieron del secundario para acá, también gente que pasó por la universidad y no pudo sostenerla por necesidades económicas, gente que pasó por trabajó por albañilería y viene a buscar un trabajo estable. Hay gente con pocos recursos, pero es gente con una capacidad muy buena. Hay un curso nivelatorio para ver cómo sigue la cursada”, completa. La tasa de deserción es de un 20 por ciento.

Después, están las pasantías. En el segundo año, los alumnos “entran a las unidades, empiezan las prácticas, van viendo el contexto”. Es decir, muchos de ellos conocen el mundo de los penales bonaerenses por primera vez. “Van a los penales más cercanos a sus domicilios. Tenés de todo en práctica profesional, tenés los que van a la pasantía y vienen emocionados, encuentran algo que les gusta, otros no se lo imaginan que era así”, afirma Anaya.

El balance de poder es delicado dentro del sistema provincial. Los presos tienen sus jerarquías entre ellos. Las tienen con los penitenciarios. Cada uno juega su juego, maneja sus berretines. Los detenidos del SPB son el reflejo del hampa bonaerense. Las cárceles federales son el lugar a donde va el crimen organizado, el gran sicariato y las mafias, los capos narco. Los penales bonaerenses, en cambio, son planetas de picantes, en su gran mayoría delincuentes encerrados por delitos contra la propiedad. Son ladrones, escruchantes, cuenteros, asesinos de vecinos.

El 96 por ciento de ellos hombres, el 65 por ciento con apenas el primario completo, el 48 por ciento sin oficio ni profesión. Solo el 52 por ciento se encuentra condenado. El 79 por ciento, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena de 2022, el último disponible, no participa de ningún taller laboral. Más de mil detenidos participaron ese año de conflictos, disturbios y riñas que terminaron con rehenes, heridos, muertos o daños al lugar. 6400 internos están acusados del delito de homicidio. Más de 18 mil fueron acusados de robo.

La curricula, cree Anaya, es esencial para enfrentar la coyuntura y el conflicto. “Tienen sociología, psicología, para entender la conducta de las persona. Hay materias operativas para la función del penitenciario. Traemos docentes que cumplen función en las unidades para que la realidad llegue al aula”, dice.

El giro Bukele en las cárceles de Santa Fe obedece a la lógica delictiva que encierran las cárceles de Santa Fe, en medio de una escalada de violencia a causa del crimen organizado. El SPB, nuevamente, lidia con su propia lógica.

“Se prepara a través del diálogo. Uno les explica a los estudiantes que hay que trabajar con el diálogo, con la empatía. Uno tiene que tratar que esa persona baje si está alterada, se logra a través del respeto, uno es el profesional en esta carrera. Se van a encontrar con esta realidad. El uso de la fuerza es el último eslabón de la cadena. La fuerza es lo último. Se trata de trabajar. Hay mesas de diálogo en las cárceles entre detenidos y penitenciarios”, completa Anaya.

Descomprimir la sobrepoblación es un desafío pendiente para reducir la conflictividad. El SPB -que depende del Ministerio de Justicia, hoy a cargo de Juan Martín Mena-, construyó cupo para otros 3400 detenidos en 2023. La tasa de reincidencia penitenciaria pasó del 46% en 2018 al 22% actual, de acuerdo a informes oficiales. Las obras que encara Mena son ambiciosas, pero la coyuntura es difícil.

“La situación es extremadamente compleja y se agravó con la decisión del gobierno nacional de hacer un corte abrupto de la continuidad de las obras. El ajuste de Milei pega directo en la administración de este área sensible”, asegura una fuente política en La Plata.