
El procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, doctor Julio Conte-Grand, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, firmaron ayer miércoles un convenio de “trascendencia institucional”, cuyo objetivo central es la capacitación de polícias en lo que respecta a investigación criminal y recepción de denuncias.
Según comunicaron desde el Ministerio Público bonaerense, el acuerdo establece un vínculo en materia de capacitación entre las partes destinado a la formación de agentes del Ministerio de Seguridad con foco en aspectos relativos a “la recepción de denuncias, a la investigación criminal y a los aspectos tecnológicos vinculados con las mismas, como es el caso de la IPP (Investigación Penal Preparatoria) Electrónica”.
La IPP Electrónica, implementada en territorio bonaerense a fines de 2021, permite una gestión más ágil, eficiente y eficaz de las investigaciones de los delitos penales ocurridos en la provincia de Buenos Aires, a partir del aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación desarrolladas en el organismo.
“Cabe señalar, que las partes se encuentran trabajando en forma conjunta para poner a disposición en lo sucesivo un programa de formación que será dictado por profesionales del Ministerio Público”, aclara el comunicado.

En cuanto a los recursos adicionales que pudieran demandar las jornadas de capacitación, la logística e infraestructura serán aportados por el Ministerio de Seguridad bonaerense.
“La firma del convenio representa un paso sustancial para seguir fortaleciendo las capacidades de ambas partes y alcanzar mediante un proceso de mejora continua sus objetivos comunes en materia de seguridad y de política e investigación criminal”, subrayaron las partes involucradas en el acuerdo.
Esta medida se encuentra en línea con la integración tecnológica efectuada a partir del lanzamiento de la aplicación “Mi Seguridad”, la digitalización de las denuncias penales y las actas de procedimiento policial, la puesta en marcha del “Sumario Policial Digital”, entre otras acciones llevadas a cabo en el marco de la política de gobierno electrónico impulsada por las partes.
A principios de este año, el Ministerio Público bonaerense obtuvo un reconocimiento internacional por su “Programa MPBA 2050″, un proyecto que apunta a la implementación de alta tecnología en los procesos de la gestión judicial. Se trata de la incorporación por parte del Observatorio de Innovación del Sector Público (OPSI) de la OCDE al “Case Library Study”, una prestigiosa plataforma dedicada a difundir buenas prácticas de innovación en el sector público a nivel mundial.
El Programa fue creado en 2018 por el procurador General Conte Grand, con el propósito de aplicar Tecnología de la Información y de la Comunicación (TIC), Inteligencia Artificial (IA) y metodologías ágiles de gestión en los distintos procesos que componen el servicio de justicia criminal.
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