Hoy por la mañana, la jueza federal Alicia Vence, dedicada junto al secretario Hernán Roncaglia a investigar a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, el mayor narco de la provincia de Buenos Aires, envió una nota a cuatro destinatarios: el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, Javier Alonso -el nuevo ministro de Seguridad bonaerense-, su par en Nación, Patricia Bullrich y el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena.
En el texto, al que accedió Infobae, Vence relata “dos problemáticas que aparejan una gravedad de carácter institucional”. Decirlo así tal vez sea una cortesía. El oficio, de once páginas, relata la historia de los policías sucios que colaboraron con Villalba para alertarlo de las investigaciones en su contra. Villalba, jefe de un clan familiar capaz de recaudar 22 millones de pesos por día, con un control de sangre y plomo de más de 20 años en las villas de San Martín, investigado hoy por lavado de dinero a gran escala y por vender la cocaína contaminada con carfentanilo que mató a 24 personas en febrero de 2022, goza, según Vence, de “la connivencia con la que cuenta la empresa criminal de parte de funcionarios que integran distintas fuerzas policiales y que está orientada al impune desarrollo de su actividad delictiva”.
Esto, continuó la jueza, “se vio demostrado con la liberación de la zona para el desarrollo de conductas penadas por la ley de drogas, la realización de falsos allanamientos, avisos previos a la concreción de procedimientos de índole intrusiva, ofrecimiento y ayudas orientadas a mejorar la situación policial/judicial de personas detenidas -que integran el grupo- ante actuaciones prevencionales, todo claro está, a cambio de la entrega de montos dinerarios en concepto de dádivas”.
Incluso, Vence marcó que “se advirtieron procedimientos con secuestro de estupefacientes sobre lo cual la organización ya estaba al tanto y cuya única explicación obedece al hecho de que se trató de “pérdidas controladas”, es decir dirigidas a satisfacer meros fines estadísticos”. Es decir, operativos truchos para hacer números y calmar a la jerarquía política, pero con los narcos intactos.
Es una historia de coimas a gran escala, impune, grosera. La Policía Bonaerense es el foco aquí.
En la causa de la cocaína contaminada, la jueza Vence ordenó detener a Javier Osvaldo Calderón, Diego Fernando Alanís y Darío Andrés Huaman, hombres de la Comisaría 1° de San Martín, elevados a juicio por aceptar medio millón de pesos de Matías Ezequiel Pare y Ruíz, un hombre del clan Villalba, para mejorar la situación de otros dos hampones.
Hoy, todos esos policías se encuentran elevados a juicio.
Otros miembros de la banda incluso fueron oídos en escuchas telefónicas alardeando de sus contactos: “Imaginate que ahora tengo cobertura en todos lados, hermano”, dijo un hombre de la banda de “Mameluco” en junio de este año.
Quien lo dice es Gabriel Rodríguez, alias “Warry”, hoy detenido. Otras charlas incluso lo revelan como un nexo con las fuerzas policiales, un articulador.
No solo se trata de la Bonaerense. “Se registraron charlas donde se aludía a ‘los verdes’, en clara referencia a personal de la Gendarmería Nacional, incluso a otras dependencias y sobre funcionarios del Servicio Penitenciario”, continúa la jueza, con Villalba preso en la cárcel de Ezeiza.
La frustración de la jueza es palpable en el texto. Iván Gabriel Villalba, “El Salvaje”, hijo de “Mameluco”, hoy preso, fue allanado en dos ocasiones en su celda. En ambas se le encontró un iPhone 14.
Para Vence, “El Salvaje” es el virtual líder de la banda bajo el patriarca “Mameluco”, con un comando ejercido de su celda que incluyó hasta videollamadas con sus cómplices. Hoy, con el SPF en manos del Ministerio de Seguridad, la presión para controlar a los capos narco presos que regentean sus negocios desde los penales federales está sobre la gestión de Patricia Bullrich.
“Habré de exhortar a las carteras ministeriales de esta provincia, como también nacionales, para que tomen las medidas apropiadas sobre los miembros de las fuerzas de seguridad que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y para que implementen, desarrollen o perfeccionen programas de capacitación destinados a prevenir y combatir episodios de esta índole”, finalizó la jueza.
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