Una finca de 5 mil hectáreas en la frontera que pertenecía a un capo narco quedó en manos del Estado

El grupo narco comandado por Delfín Castedo entendió que la ubicación de la finca “El Pajeal”, en Salvador Mazza, provincia de Salta, podría ser muy redituable para el negocio, debido a que su ubicación es estratégica para la provisión de cocaína. Es que la parte posterior de la propiedad, con una extensión de siete kilómetros, colinda con la frontera Norte de Bolivia, uno de los países productores de polvo.

A siete años de la captura del capo narco, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, presidido por Federico Santiago Díaz e integrado por Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, resolvió el decomiso a favor del Estado Nacional del 95% de la finca. El porcentaje restante, en tanto, quedó a la espera de lo que se resuelva en un litigio iniciado por un puestero.

A través de un extenso fallo de 180 páginas, los jueces hicieron lugar a un pedido formalizado la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, representada por el fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María del Carmen Chena. El expediente también contó con el aporte de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El requerimiento se hizo en el juicio contra Delfín Castedo, en el que fue condenado a 16 años de prisión por ser considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

El debate se extendió por más de un año: comenzó el 3 de noviembre de 2021 y finalizó el 7 de diciembre de 2022. También fueron condenados el hermano de líder de la organización, Raúl, y el martillero público Eduardo Torino, a nueve años de prisión como miembros de una asociación ilícita.

Al dictar la sentencia, el tribunal decidió diferir el pedido de decomiso realizado por la fiscalía respecto a la finca “El Pajeal”, aunque sí hizo lugar al decomiso -a favor del Estado Nacional- de la finca “El Aybal”, de 19.954 hectáreas, que limita con la frontera de Bolivia.

La espera, según los fundamentos de la sentencia, tuvo como motivo el análisis y resolución de una serie de planteos realizados respecto a la titularidad de la finca “El Pajeal”, principalmente, de hijos del exdiputado provincial Ernesto Aparicio, quien había heredado la propiedad de sus padres Tobías Aparicio y Teresa Sarmiento junto a otros tres hermanos, a quienes luego les compró su parte de la propiedad.

Para los investigadores, el ex legislador fue el socio principal de Delfín Castedo en varias actividades del narcotráfico, hasta el 10 de noviembre de 2013, cuando murió Aparicio y el jefe de la organización tomó el dominio de la finca.

En su plan estratégico, el clan Castedo adquirió la finca vecina “El Aybal”, con una extensión de más de 19 mil hectáreas. Ambas propiedades -como dato comparativo- suman una superficie de más de 236 kilómetros cuadrados, mientras que -por ejemplo- la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 203.

La investigación que permitió desarticular el manejo monopólico del narcotráfico por parte de los Castedo fue iniciada tras la captura de Delfín, el 22 de julio de 2016. Las actuaciones fueron iniciadas por los fiscales Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR y Eduardo Villalba, a cargo de la unidad del NOA.

Luego, con la incorporación al caso de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), las diligencias se dirigieron en busca de extraer del dominio de los acusados las dos fincas, para lo cual se realizaron inicialmente planteos de medidas cautelares, indicó el sitio Fiscales.gob.ar.

Semanas atrás, Delfín y su hermano “Hula” fueron condenados a la pena de prisión perpetua por el homicidio doblemente calificado de la productora Liliana Ledesma, quien fue asesinada en 2006 luego de haber denunciado a los imputados por utilizar un camino vecinal que recorría las fincas para traficar drogas desde Bolivia.