
Días después de que la Justicia porteña condenara a prisión perpetua a tres agentes de la brigada de la Policía de la Ciudad por acribillar a tiros al futbolista juvenil Lucas González en el barrio de Barracas, Héctor y Cintia, papá y mamá de la víctima, se reunieron con Horacio Rodríguez Larreta. Fue en julio pasado. En ese encuentro, el Jefe de Gobierno les prometió que, como parte de la reparación por el daño causado por el Estado, el distrito autónomo de Buenos Aires les iba a otorgar una ayuda humanitaria, y el beneficio también abarcaba a los tres sobrevivientes del ataque: Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca.
Sin embargo, a menos de un mes de cumplirse dos años del asesinato a manos de los policías Gabriel Isassi, Juan José López y Fabián Nieva, la familia le reclama al gobierno porteño que no cumplió con lo prometido y apuntó contra el Procurador General, Gabriel Astarloa, por demorar el trámite con “pedidos innecesarios” de certificados y documentos. Desde la administración de CABA aseguraron a este medio, sin embargo, que todo está en marcha y que se solucionará antes de mediados de noviembre.
La ayuda humanitaria implica asistencia psicológica para los chicos y para los padres de Lucas durante todo el tiempo que fuera necesario, como consecuencia de la tragedia que les toca atravesar. Técnicamente, se trata de un reclamo administrativo que, de común acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, las familias de las víctimas iniciaron a través del abogado de todos ellos, Gregorio Dalbón.

El requerimiento entró a través del Ministerio de Justicia, que -tras aprobar- derivó a la Procuración General. Desde allí se dio curso al Ministerio de Salud, que también dio el visto bueno y, según lo entienden los González, ya debería entrar en vigencia. La semana pasada, Héctor “Peca” González, Cintia López, los tres chicos sobrevivientes y sus padres fueron a reclamar en persona a la oficina de Astarloa. Pero, según contaron a Infobae, no los dejaron pasar.
“Pensamos que se iba a cumplir sin problemas, pero Astarloa puso palos en la rueda. No sé, vive en un túnel. Hace unos días fuimos al despacho, no quiso atendernos, dijo que estaba en una reunión. Nos pidió requisitos de todo tipo y le brindamos lo que pidió. ¿Qué más quería, que le mande la foto de la lápida de mi hijo?”, comentó Héctor González.
El Procurador pidió originalmente algunos requisitos que indignaron a la familia y a Dalbón porque interpretaron que estaba dilatando deliberadamente la resolución del trámite. Quiso hacerle nuevas pericias psiquiátricas a los chicos y a sus padres y no usar las que ya se presentaron, por ejemplo, en el juicio contra los policías acusados.
También Astarloa reclamó una constancia de que Lucas jugaba al fútbol en el club Barracas Central y otra a la Asociación del Fútbol Argentino para que confirmara que el chico estaba fichado. La familia finalmente contó con la colaboración del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien firmó el certificado de puño y letra.
Una fuente de jerarquía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consultada por Infobae explicó que el trámite recién se inició el lunes de esta semana ante el Ministerio de Justicia y Seguridad y que, si bien la ayuda “va a salir”, se deben cumplir los procesos: estos son que pase por la Procuración y por el ministerio de Salud.
“Obviamente, el Gobierno de la Ciudad tiene la mayor vocación para atender estos reclamos y brindar una respuesta, procurando evitar que todo termine en una acción judicial y se pueda solucionar en la vía administrativa, pero se tienen que seguir procedimientos”, se indicó. Otra fuente importante del Gobierno remarcó que “el acuerdo se va a cumplir y más temprano que tarde eso sale”, aunque no pudo precisar una fecha.
“Esperamos que antes del 17 de noviembre, fecha en la que ocurrió el asesinato, todo esto esté terminado porque queremos conmemorar la fecha con paz. Larreta dio la palabra y va a cumplir. Tuvimos una ayuda muy grande del (ministro de Salud) Fernán Quirós y de Diego Santilli, pero hubo una persona que puso trabas, el procurador Gabriel Astarloa. Ahora va a colaborar, tras varias discusiones, creemos que va a colaborar”, remarcó Dalbón ante la consulta de este medio.
“Ellos cumplieron muy bien lo que pedimos. En función de esas reuniones razonables se avanza. Desde el Jefe de Gobierno para abajo tenemos la vocación de resolver esto en el plazo más breve posible. Requiere trámites formales y la presentación de cumplir algunos requisitos para expedirnos”, remarcó una de las fuentes de la administración porteña.

El abogado de la familia consideró: “Larreta cumplió con la palabra y, para nosotros, que eso pase y se hagan cargo de los daños que padecieron estos chicos nos llena de tranquilidad, es importante que la familia pueda vivirlo mínimamente con lo que necesita para su salud mental”. La mamá de Lucas, por caso, tuvo cuatro intentos de suicidio desde que mataron a su hijo. El último martes debió ser internada por otra crisis y permanece bajo asistencia médica permanente en el Hospital El Cruce de Varela.
“Cintia está con crisis”, reconoció González. La pareja se separó después del crimen de su hijo, pero desde hace un tiempo volvió a vivir bajo el mismo techo, con sus otros dos hijos. “Yo necesito ayudarla, ella necesita que yo esté y los dos necesitamos que este calvario burocrático se termine. Queremos cerrar todo lo que nos hace mal, revivimos todo esto cada vez que vamos a buscar un papel. Es una vergüenza tener que andar sometiéndonos después de una condena como la que hubo”, consideró el padre de Lucas.
“La promesa está desde julio. Felipe Miguel y Astarloa no estuvieron a la altura de las circunstancias y perdieron el tiempo. Pero lo importante es que lleguemos al fin. Ojalá sirva para paliar los daños de los chicos, es el día de hoy que Joaquín no controla esfínteres, Julián no volvió a manejar y Niven no se quiere subir a un auto”, detalló Dalbón, sobre las consecuencias traumáticas que padecen los sobrevivientes.
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