
El 26 de noviembre del 2021, Lucio Abel Dupuy, de apenas 5 años, fue brutalmente asesinado y violado por su madre y su novia.
Ana Clara Pérez Ballester fue la jueza de familia que, algunos meses antes del crimen, había homologado un acuerdo para que el niño viviera con las hoy condenadas como titular del Juzgado de la Familia y el Menor N° 1 de General Pico.
Hoy, en septiembre de 2023, la Justicia de La Pampa confirmó que Pérez Ballester ordenó la formación de un jury por presunto mal desempeño de sus funciones en el proceso que llevó a que le otorgue el cuidado de Lucio a las mujeres que serían sus asesinas.
El expediente sobre Lucio en el juzgado de Pérez Ballester se creó a mediados de 2020, plena pandemia, en el marco del aislamiento obligatorio. Fue llamado “Esposito Valenti Magdalena c/ Hidalgo Leticia s/ cuidado personal”.
Leticia Hidalgo es la esposa del tío paterno de Lucio y quien, por esos días, tenía la tenencia de Lucio. Del otro lado estaba Magdalena, la madre de Lucio, que reclamaba por su hijo. El chico vivía con los tíos por un acuerdo entre los padres y era feliz. Pero la madre quería llevárselo a Santa Rosa, por eso comenzó un litigio en la Justicia. Los tíos se negaron a entregarlo.

El 4 de noviembre de ese 2020, la tía de Lucio cedió la tenencia cansada de las denuncias en su contra, de los escándalos que hacía la madre en la puerta de su casa cada vez que lo visitaba y preocupada por el estrés que vivía el niño por esas situaciones.
Ese día, se firmó el acuerdo entre Magdalena y Leticia. El documento contó con la homologación de la jueza Pérez Ballester.
Las preguntas a raíz de esto son obvias: ¿La jueza hizo algún estudio socioambiental antes de enviar a Lucio con su madre y la novia de ella, Abigail Páez? ¿Podría haber hecho algo más de lo que hizo, que fue solo firmar un documento?

Semanas después del asesinato de Lucio, Infobae consultó a distintos abogados y juristas pampeanos y todos señalan que la fría letra de la ley no le daba herramientas a la jueza para frenar el acuerdo entre Magdalena y los tíos de Lucio. También, coincidieron en que “no estaba obligada” a realizar un estudio socioambiental.
Sin embargo, todos coinciden en lo mismo: “A los jueces, y más de familia, siempre se les debe pedir un poquito más. En razón de que su opinión es fundamental a los efectos de velar por el interés superior del niño, siendo que es un derecho fundamental, un pacto con jerarquía internacional”, dice el abogado Nicolás Payarola, titular de uno de los estudios más importantes de Buenos Aires y con injerencia en La Pampa.
Pérez Ballester, hoy de 40 años, tiene un historial más extenso como abogada particular que como funcionaria del Estado. Según los registros laborales que consultó este medio, entre 2005 y 2007, cuando sólo tenía 20 años, trabajó en el estudio jurídico Mazzinghi en San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Luego se desempeñó en otro bufete, ubicado en el centro porteño desde 2012 a 2013. En 2017, llegó a La Pampa.
Su padre, también es juez. Se llama Alejandro Pérez Ballester y se desempeña como camarista civil. Cuenta sobre sus espaldas con una amplia trayectoria judicial que se inició como secretario de un juzgado civil. Es, en definitiva, un reconocido hombre judicial de La Pampa.

Cuando el nombre de Ballester se volvió público, el hombre tomó un rol activo defendiendo a su hija de las críticas que recibe en redes sociales por el tema de la tenencia de Lucio.
El magistrado escribió un comentario en un artículo del portal local Maracó Digital, donde se mencionaba que Cristian Dupuy, el padre de Lucio, acusaba a la jueza por la firma en la tenencia: “Cristian Dupuy, ¿podrías precisar en qué aspecto la Justicia civil de La Pampa te falló? ¿Podrías precisarle a los lectores en qué fecha y/o de qué modo y en qué expediente solicitaste el cuidado personal (tenencia) del pequeño Lucio y que la jueza Ana Clara Pérez Ballester te lo haya denegado? Y en su caso, por qué motivo la jueza mencionada te habría denegado tal pretensión (no existió nunca dicha pretensión)”. Y concluyó: “Explicá con sencillos fundamentos para los opinólogos y lo debatimos”.
El caso Lucio no es el único escándalo que envolvió a la jueza en los últimos meses. En noviembre de 2020, la magistrada intervino en lo que en La Pampa se conoce como “Caso Samuel”. Se trata de un bebé que fue dado en guarda a una familia de “tránsito” por 9 meses, como indica la ley, hasta que apareciera alguna pareja que quisiera adoptarlo. Sin embargo, por dilaciones del sistema, esa guarda se extendió por casi 3 años. Como es obvio, el nene considera a su familia “de tránsito” como propia y no quiere irse de allí.
Más allá del pedido de la familia y del sentimiento del chico, Samuel fue enviado a un hogar de menores.

A raíz de este caso, la jueza recibió un fuerte espaldarazo de sus colegas. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa emitió un comunicado en el que la apoyaban por el caso Samuel.
“Los cuidados que asumen estas familias son por regla transitorios y sin perjuicio de las dilaciones en los distintos procesos judiciales, la familia de contención no es parte de los mismos. Por último, cabe destacar que no hay nada pendiente de resolución ni trámite vigente en el juzgado que interviene en el caso a cargo de la Dra. Ana Clara Pérez Ballester, quien actuó en todo conforme a derecho y sobre la base de la legislación vigente”, cerró el comunicado.
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