Separaron a siete empleados penitenciarios, responsables del traslado y las requisas al preso que este miércoles atacó a la fiscal Claudia Ríos con una chuza durante un juicio en el Polo Judicial de la ciudad de Mendoza. Los investigadores intentan determinar si el agresor contó con la colaboración del personal de esa fuerza de seguridad.
Marcelo Puertas, titular de la Inspección de Seguridad, un órgano civil de control externo a las fuerzas de seguridad que depende del Ejecutivo provincial, aseguró esta tarde que “siete efectivos fueron pasados a disponibilidad y serán citados a declarar, aunque puede haber otros efectivos o responsables de áreas involucrados”.
En declaraciones a la prensa, el funcionario señaló que “se están identificando a los responsables vinculados al Servicio Penitenciario” que participaron no solo del traslado sino de la requisa del preso Hugo Eduardo Arredondo Suárez, quien esta mañana pretendió atacar con una chuza a la fiscal Ríos.
Arredondo Suárez está alojado en el penal de Almafuerte y, según Puertas, allí, como en todas las cárceles, “existen protocolos de seguridad para los traslados”. Afirmó que “no se descarta que pudo haber existido connivencia entre personal de servicio”.
“Al salir del penal tiene que ser requisado, se lo sube a un móvil y al bajar es requisado nuevamente. Luego, al ingresar a la sala de audiencias hay una tercera requisa”, explicó el funcionario. Y agregó: ”Evidentemente, alguna persona no ha cumplido con sus deberes y no se descarta el dolo, por si hubiera algún acuerdo a los fines de acceder al elemento corto punzante con la cual intentó agraviar o matar a la fiscal Ríos”.
Respecto a los penitenciarios que fueron pasados a disponibilidad, el titular de la Inspección de Seguridad dijo que “no están imputados” en el marco de la causa, aunque reconoció que “eso va a ocurrir a posteriori de obtener la prueba de cargo”.
Por el momento, los agentes separados no van a prestar servicios y cobrarán un 45 por ciento de sus sueldos. ”Se los va a citar a indagatoria, donde podrán declarar y presentar la defensa pertinente y pruebas de descargo como estrategia defensiva para ver cómo se dilucidan estos hechos que se les están imputando”, dijo Puertas.
Paralelamente, continúa la investigación judicial y si se impone la privación de la libertad, la indagatoria será en penal de San Felipe, donde se alojan los penitenciarios.
Palabra oficial
Por el ataque a la fiscal, el procurador general de Mendoza, Alejandro Guillé, brindó una rueda de prensa pasado el mediodía en la que contó que Ríos se salvó por su rápida reacción para evitar el ataque de Arredondo. “Ella alcanza a correrse y el hombre sale corriendo, lo reducen, pero él antes toma del cuello a una pasante que estaba observando el juicio oral. Ella resultó con una lesión en el cuello, la está examinando el Cuerpo Médico Forense”, explicó.
Según precisó el fiscal general mendocino, Arredondo quiso sacarse una campera en la sala de debate y empuñó un arma blanca tipo tumbera conocida en la jerga como “chuza”, a pesar de las requisas previas del personal penitenciario a las que había sido sometido.
“Suponemos que se les ha pasado. De alguna manera la ha ingresado a la sala de audiencias, es algo que está bajo investigación. Desde Almafuerte, los presos ingresan por el edificio de Estrada y el ducto de traslado. Se supone que ahí los revisan totalmente, pero puede pasar esto. Habrá que revisar los protocolos de seguridad. Obviamente, es algo que no puede pasar”, declaró Gullé para sorpresa de los periodistas, debido a su intento por minimizar la situación.
En cuanto a la salud de la magistrada, Gullé aseguró que “está bien”. Y sobre su ausencia en las declaraciones a los medios de comunicación, subrayó: “A la doctora Ríos le hemos pedido que no hable porque ella es víctima y ha declarado, como así también la otra chica que resultó lesionada”.
*/Con información de Télam
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