Luego de haber cumplido la mitad de su condena en prisión por el delito de abuso sexual agravado de menores, el padre Julio César Grassi solicitó el beneficio de la libertad condicional al Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón. De acuerdo con la sentencia, el acusado debería permanecer encarcelado hasta el 30 de mayo de 2028.
Como consecuencia del pedido, el abogado querellante, Juan Pablo Gallego, aseguró que esto significó “un fuerte golpe para las víctimas” al explicar que el hecho de que no cumpla con la cantidad de años acordados por los jueces “es opacar el acto de justicia que implicó validar la verdad de las víctimas”.
De esta manera, el también representante del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn) remarcó que su “oposición al beneficio que pretende Grassi es rotunda y así se lo ponemos de manifiesto al Tribunal”. Al mismo tiempo, señaló que todavía no habían sido notificados por la Justicia.
En medio de una entrevista a Télam, Gallego advirtió que “liberar a Grassi antes del vencimiento de la pena constituye un escándalo internacional”, tras recordar que la condena que se le aplicó al fundador de la Fundación Felices los Niños marcó un hito importante en la lucha contra la pedofilia y pederastia en el ámbito de la Iglesia católica.
La condena en contra del cura mediático se conoció el 10 de junio de 2009, cuando el TOC N°1 de Morón lo condenara a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por ejercer el rol de sacerdote, estar encargado de la educación y la guarda del menor en víctima.
Según la resolución de la Justicia, este hecho se reiteró en dos ocasiones en concurso real entre sí, debido a que los menores afectados concurrían entre noviembre y diciembre de 1996 a la Fundación Felices los Niños de Hurlingham, localidad ubicada en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, la sentencia a Grassi fue sometida a revisión el pasado 28 de junio de 2022, debido a que se suponía que esta debía terminar el 7 de agosto de 2026, pero un error de cálculos en la pena y la inaplicabilidad del beneficio conocido como “2x1″ logró que se extendiera dos años más, es decir, hasta el 30 de mayo de 2028.
Desde que el caso del cura se hizo conocido en todo el país en 2002, unos 66 religiosos fueron denunciados por abuso, pero ninguno tendría una condena efectiva por los hechos que se les imputan. Una investigación realizada por la agencia de noticias nacional destacó que sólo tres de los enlistados fueron sancionados por la cúpula religiosa al ser expulsados del sacerdocio.
A pesar de esto, el abogado representante de la red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico, Carlos Lombardi, criticó que la reunión que tuvieron en el Vaticano era “un acting” al apuntar que “hablan de las mismas medidas de siempre, pero después no hacen nada”. Por este motivo, el letrado aseguró que para que haya una verdadera justicia para las víctimas, los obispos deberían estar “dispuestos a dejar sus privilegios y entregar a los abusadores a la justicia civil”.
“Mientras los curas sigan juzgando a los curas, no cambian nada”, reprochó el defensor al juzgar que “la actitud del Papa Francisco es de una tremenda cobardía, se niega a dar el debate cara a cara con las víctimas y sólo van a escuchar un video”. En contraposición, el Sumo Pontífice calificó a los abusos dentro del ámbito eclesiástico como “un desafío urgente de nuestro tiempo”, tras haber creado la Cumbre Antipedofilia que estuvo a cargo de las tres expulsiones por pedido del representante argentino monseñor Oscar Ojea.
Sin embargo, la organización estuvo involucrada en un escándalo luego de que el líder religioso nombrara al obispo de la ciudad salteña de Orán, Gustavo Zanchetta, como asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), debido a que el cura comenzó a ser investigado en enero de este año por “abuso sexual y otros comportamientos impropios”.
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