
No es un viernes como cualquier otro, hoy se cumple un año de que tomara estado público la presunta muerte intencional de cinco bebés nacidos sanos en un hospital neonatal de Córdoba. Hasta ahora, la causa tiene una decena de imputados con distinto grado de responsabilidad y, según el fiscal a cargo de la investigación, la misma está en el tramo final para ser elevada a juicio.
Mientras tanto, al cumplirse un año de los hechos, las familias de las víctimas convocaron a una marcha para este viernes a las 18 frente al hospital neonatal, para renovar su reclamo de justicia.
Después de 365 días desde que Brenda Agüero, de 28 años, les habría suministrado potasio luego de nacer y así causado la muerte de las criaturas, la enfermera es la única detenida y principal acusada del caso. Sin embargo, el fiscal Raúl Garzón explicó que aún resta valorar el total de las pruebas para determinar si hay mérito suficiente para sostener la acusación contra la joven.
De hecho, el fiscal remarcó que “se avanzó notablemente y se empieza a concluir con las medidas periciales y otros informes” para luego elevar la causa a juicio. Por tal motivo, convocaron a los familiares de las víctimas para explicarles desde los avances hasta las demoras presentadas.

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Agüero está imputada por los delitos de “homicidio calificado por método insidioso”. Además, también está acusada como autora de ‘tentativa de homicidio’ sobre ocho casos de bebés que sobrevivieron a la presunta maniobra criminal.
En ese sentido, el abogado Gustavo Nievas, uno de los defensores de la enfermera Agüero -que se encuentra alojada desde el 11 de agosto del 2022 en el penal de mujeres de Bouwer, en la capital cordobesa- afirmó que “no hay elementos de pruebas para sostener la acusación ni la prisión preventiva” que pesa sobre su clienta.
El abogado descartó la hipótesis que plantea la fiscalía respecto de la muerte de los recién nacidos y que, según los resultados de las pericias de la defensa, sostienen que “en las muertes hubo un común denominador y se trata de una asepsia generalizada, y no porque se haya inyectado potasio”.
Al mismo tiempo, el profesional apuntó contra las autoridades del hospital por el “ocultamiento de estos hechos”, al sostener que “estaban al tanto y cuando se destapó hicieron desaparecer partidas de remedios, que podrían ser medicamentos adulterados o experimentales”, informó Télam.
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Además, afirmó que estas autoridades “modificaron absolutamente la escena del crimen, todos los lugares donde ocurrieron los hechos, tanto del centro obstétrico, el sector neonatal y el espacio del cuidado a las madres”. Todo esto con el supuesto fin de ocultar elementos probatorios y así tapar el escándalo acusando a Agüero.
“Brenda es una chica que ama su profesión y ama a los bebés. Las pericias médicas y psicológicas no advierten en Brenda patologías asociadas a lo criminal”, afirmó y consideró “difícil sostener la prisión preventiva porque las pruebas han comenzado a desmoronarse, pero mientras tanto están destruyendo la vida de una persona”, remarcó Nievas.
Por su parte, la abogada que representa a las familias, Daniela Morales Leanza, sostiene que la investigación avanza, al mismo tiempo que planteó “ampliar algunas de las imputaciones”.
Los acusados
Si bien la principal acusada de la causa es la enfermera Brenda Agüero, la lista se extiende a 10 imputados. Se trata del ministro de Salud provincial, Diego Cardozo; el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama, por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”.
También Marta Gómez Flores y Adriana Morales, las dos jefas del área Neonatología, por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. La ex directora del Materno Neonatal, Liliana Asís está imputada por “encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”; la ex subdirectora médica Claudia Ringelheim y la ex jefa de Enfermeras Alicia Ariza, enfrentan el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”.
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