Los hermanos Darío y Miguel Madariaga, detenidos por el asesinato motochorro de Morena Domínguez, fueron citados hoy jueves a las 8:30 en la UFI N°7 para ser indagados por el hecho. Por lo pronto, los representa un defensor oficial. Las pruebas en su contra que los vincularían a la muerte se mantienen en reserva de cara al interrogatorio.
Mientras tanto, la fiscal Silvia Bussano, titular del expediente, tiene otras tareas en curso. Se espera un análisis a la moto marca Corven incautada ayer en la casa de M.A, el menor de 14 años que fue aprehendido, con su participación luego descartada. Se deberá determinar de manera forense si esa moto fue la usada en el hecho que le costó la vida a Morena.
También, se busca el celular que le robaron, con tareas a cargo de la DDI de Lanús de la Policía Bonaerense. Uno de los hermanos Madariaga fue detenido en Pompeya, el otro en la zona cercana al crimen. Pero el teléfono de Morena no fue encontrado, no lo tenían con ellos al momento de ser arrestados.
El padre de Morena, Hugo, indicó que el teléfono “solo se activa por wifi”, afirma una fuente judicial, lo que da a entender que no tendría un plan de datos, o un chip de compañía telefónica y que por ende no podría ser rastreado por activaciones en impactos de antenas de celdas. En sus redes sociales, la menor se mostraba con al menos dos aparatos distintos en selfies. Por lo pronto, Miguel Madariaga se negó a declarar, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.
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Una de las hipótesis del caso indica que, precisamente, los Madariaga intentaron venderlo en el circuito de cuevas de Pompeya u Once. En los últimos años, proliferó un circuito donde un teléfono robado puede pagarse menos del diez por ciento de su valor nominal para ser desguazado en locales legales, virtuales desarmaderos de celulares.
Luego, se vende por partes: las pantallas y las baterías de los smartphones son un bien preciado, opciones más baratas para bolsillos cansados que, con frecuencia, están manchados con sangre.
Así, la pantalla o la batería del teléfono de Morena podría terminar en el aparato de una persona que acude a un local de reparaciones por un simple service.
Los desarmaderos de teléfonos entraron en auge a mediados de la pandemia del coronavirus.
El Laboratorio Área 51 en Villa Lugano, un simple local a la calle que se anunciaba como un servicio técnico de teléfonos, se convirtió en un símbolo de esta problemática.
La Dirección de Delitos Informáticos de la Superintendencia de Tecnología Informática y la Agencia Gubernamental de Control lo allanó en marzo de 2021. Le encontraron 43 teléfonos reportados como robados o adulterados, 138 partes como módulos o carcasas, y16 baterías. Su dueño terminó detenido. También encontraron una mesa de trabajo, con un microscopio electrónico con una interfaz para monitor valuado en más de 200 mil pesos de ese entonces, además de herramientas de precisión como soldadoras y pistolas de calor.
Esa mesa de trabajo, para la Policía y la Justicia, era el núcleo de un desarmadero de teléfonos robados. No fue el único que se encontró: la Dirección de Delitos Informáticos encontró otros seis en Capital Federal en el primer trimestre de 2021, en barrios como Constitución, Lugano, Soldati, Once, Balvanera, el Bajo Flores. La División Delitos Tecnológicos de la PFA con la Dirección General de Lucha contra el Cibercrimen había encontrado otros tres en el mismo período.
Los desarmaderos mezclan hampa y negocio lícito. A simple vista, son un service legal, con propietarios que incluso suelen estar registrados en los rubros de telefonía y reparación de la AFIP, muestran hasta habilitaciones legales en sus puestos donde además se suelen vender accesorios, pero los repuestos que venden de marcas originales suelen ser robados.
En el mismo local donde se repara se desguazan los teléfonos. Es como el circuito de los desarmaderos de autos, pero más sencillo todavía.
Así, un cliente llega para arreglar, por ejemplo, la pantalla o batería de un teléfono Android o un iPhone. El comerciante le ofrece al cliente dos vías: el repuesto genérico o el original. Pero el original viene de un celular robado recientemente, algo que el cliente, por lo general, no sabe.
La rapidez también es clave: técnicos expertos pueden desarmar un celular en 15 minutos. La línea de provisión se garantiza con “bolseros”, mayoristas que compran teléfonos a rateros y arrebatadores en gran cantidad para concentrar equipos y luego revender.
Las tasas para los ladrones eran miserables en 2021: apenas 500 pesos por un Samsung J2 Prime, un modelo barato que puede costar 10 mil pesos en el mercado de usados, apenas 2 mil por un Motorola que puede venderse a 10 veces más.
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