
A casi cinco meses del crimen de Máximo Jérez en Rosario, una mujer y dos jóvenes fueron condenados a una pena de 2 años y 6 meses de prisión en ejecución condicional por ser considerados encubridores del asesinato.
La pena quedó firme luego de un juicio abreviado, en el que la fiscal Gisela Paolicelli y las defensas de los imputados llegaron a un acuerdo. Los condenados fueron identificados como Alejandra Rodríguez, de 52 años; Esteban Marengo, de 31; y Gustavo Borda, de 22, quienes fueron acusados de encubrimiento agravado por guardar en su casa el vehículo utilizado para la balacera en la que murió el niño de 12 años en el barrio “Los Pumitas”. Todos aceptaron su participación en el caso.
Pese a que no estarán detenidos, deberán cumplir con normas estrictas de conductas como fijar un domicilio, someterse a control, no consumir estupefacientes o bebidas alcohólicas en forma abusiva y no mantener contacto con los familiares de la víctima, como tampoco con los otros tres niños heridos el pasado 5 de marzo.
La investigación pudo comprobar que Rodríguez recibió la orden desde la cárcel de su pareja, el taxista Gustavo Marcelo Borda que cumple condena en prisión como partícipe de otro homicidio, para que guarde el automóvil Honda Civic, que fue secuestrado un día después del homicidio en una vivienda ubicada en Campodónico al 3200, donde la mujer residía con Borda. En el domicilio, vivían también los otros dos condenados, según la información de Télam. Fue un vecino quien vio cómo guardaban el auto en el garaje y dio aviso a la policía, dado que coincidía con el vehículo utilizado en la balacera.

El fiscal que lleva adelante la investigación por el homicidio del niño, Adrián Spelta, logró reconstruir cómo fue la fatal balacera: un grupo de personas pasó a bordo del Honda cerca por el lugar en el que Máximo jugaba con sus primos en la calle, a pocos metros de su casa. Los hombres dispararon contra una vivienda que pertenece a una familia de apellido Villazón, que se utilizaba como punto de venta de drogas.
Como autores del homicidio fueron imputados Nicolás Torres y los hermanos Maximiliano Oscar y Nicolás Ariel Castillo, quienes para el fiscal iban en el vehículo desde el que se realizaron los disparos.
Borda también fue imputado por encubrimiento, ya que se cree que fue otro preso con el que comparte pabellón, Alex “Arañita” Ibáñez, - presunto capo narco que se disputaba el territorio con la familia Villazón para la venta de drogas - el que le había solicitado apoyo para guardar el vehículo.
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La muerte de Máximo Jérez desató la furia de los vecinos de “Los Pumitas”, por lo que, hartos de las disputas narcos, destrozaron un presunto búnker narco del clan Villazón. En consecuencia, uno de los miembros de la banda “Los Salteños” amenazó a las personas que atacaron el lugar.
“Escuchen, manga de giles. Van a tener que devolver las cosas, o sino todos los días les vamos a dejar un muerto. Todas estas balitas son para ustedes. Más vale que devuelvan las cosas o les damos plomo, giles”, les dijo a través de la filmación que hizo llegar el martes por la madrugada a los vecinos a través de Facebook y de Whatsapp. Días después, el Gobierno nacional desplegó a las fuerzas federales en Rosario.

El sicario fue identificado como Uriel Leandro Enrique, para quien pedirán 6 años de cárcel por “amenazas coactivas calificadas por ser anónimas, en concurso ideal con intimidación pública, ambos en calidad de autor”.
Días después de revelarse contra los narcotraficantes que manejan la zona, los vecinos del barrio, así como demás personas de la comunidad exigieron justicia y reclamaron mator seguridad en la zona. Sin embargo, meses después, la inseguridad continúa asolando a Rosario.
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