En el mediodía de este jueves, el comisario mayor Luis Alberto Zaracho, cabeza de la DDI de Quilmes, fue arrestado por encubrir el crimen de Lautaro Morello (18) y la desaparición de Lucas Escalante (26). El arresto, ordenado por el fiscal Daniel Ichazo, titular de la UFI N°1 de Berazategui, fue realizado por la División Homicidios de la Policía Federal en la propia DDI quilmeña.
Casi seis meses después, Lautaro está muerto y Lucas continúa desaparecido. La noche del 9 de diciembre pasado, ambos jóvenes salieron para festejar el triunfo de la Selección argentina ante Holanda por los cuartos de final del Mundial de Qatar. Escalante pasó a buscar a su amigo a bordo de un auto BMW, que al día siguiente fue encontrado incendiado.
El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado seis días más tarde a la vera de la autopista Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón. 48 horas después, Cristian y Francisco Centurión fueron detenidos como coautores del delito de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. Ambos son sobrinos del comisario mayor Francisco Centurión, fuertemente sospechado en el caso. Su quinta en Florencio Varela fue allanada. Allí, según fuentes del caso, se hallaron restos de sangre recientemente.
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Así, Zaracho se convierte en el segundo jefe de rango de la Policía Bonaerense en ser arrestado en el caso, junto con el comisario inspector Sergio Argañaraz, jefe de la seccional N°4 de Florencio Varela.
A Zaracho lo acusan de “encubrimiento calificado por ser el delito precedentemente grave y por su condición de funcionario público” por haber ayudado a los detenidos a “eludir la investigación” al no cumplir con lo ordenado por la Justicia cuando se allanó el predio de Francisco Centurión: no preservaron el lugar y ayudaron “a los autores y partícipes a ocultar, alterar y hacer desaparecer rastros, pruebas e instrumentos del delito”.
“Del allanamiento realizado el 14 de abril, se ha logrado constatar que dos de las dependencias del predio de Centurión Francisco no fueron requisadas en el allanamiento realizado en urgencia”, detallaron las fuentes.
Previo a eso, según sospechan los investigadores, “mantuvo comunicaciones con Francisco Centurión, padre y tío respectivamente de los imputados, previo a recibirle declaración testimonial” a los sospechosos, “intentando desvirtuar el curso de la investigación y entorpecerla”.
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En tanto, según la investigación en su contra, Argarañaz no les tomó la denuncia por averiguación de paradero a los familiares de Escalante un día después de que los jóvenes desaparecieran en diciembre de 2022. Posteriormente, con la causa iniciada, el policía les dijo a los familiares que Lucas había atropellado a una chica, que se escondió y quemó el auto “para borrar evidencia y cobrar el seguro”, según pudo saber este medio de actuaciones judiciales. Incluso, insinuó que la madre lo estaba ocultando de las autoridades o que “Lautaro vendía pastillas”.
Argarañaz, a través de su defensa, solicitó la excarcelación. El pedido fue denegado por el Juzgado de Garantías N°5 del departamento judicial de Quilmes, a cargo del juez Agüero. En las últimas horas, el jefe policial corrido de la Bonaerense apeló la resolución.
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Zaracho y Argañaraz no son los únicos policías implicados. Ramiro Yair Forchinito (33) fue acusado de falso testimonio porque le entregó a la Justicia un celular que no le pertenecía en vez del suyo. El juez de Garantías Diego Agüero resolvió liberarlo bajo caución juratoria la semana pasada tras varios días preso.
Forchinito trabajaba en el área de la fuerza bonaerense integrada con Interpol. Fue señalado por los investigadores por su vínculo con el comisario mayor Francisco Centurión, el padre y tío de los dos sospechosos presos por el crimen de Morello y la desaparición de Escalante.
La semana pasada, además, el comisario general y máxima autoridad de la Policía Bonaerense, Daniel García, se presentó a declarar ante el fiscal Ichazo y planteó sus sospechas sobre el entorno de Escalante, de quien nada se sabe hasta hoy. Por ello, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $5 millones para quien aporte datos que permitan dar con su paradero.
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