
“Difícil contexto” y “particular episodio”: así definió el juez de instrucción Martín Del Viso la muerte de Emmily Rodrigues, la joven brasileña de 26 años que falleció tras caer seis pisos al vacío en un edificio del barrio de Recoleta el 30 de marzo pasado. Por eso, el magistrado le dictó la falta de mérito y ordenó la libertad del empresario Francisco Sáenz Valiente, dueño del departamento donde ocurrió el hecho, acusado de femicidio.
“Resulta innegable que existen aún varias interrogantes que no pudieron responderse, y esto solo se explica con las dificultades que representa la investigación de este particular episodio”, dijo Del Viso en su resolución de 79 páginas a la que accedió Infobae. La falta de mérito significa que por el momento no hay elementos de prueba para procesar a Sáenz Valiente por la muerte de Rodrigues pero tampoco se lo desvincula definitivamente del caso, sino que serguirá siendo investigado.
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Para eso el juez ordenó una serie de medidas de prueba que habían pedido tanto el fiscal Santiago Vismara y los abogados del empresario, Rafael Cuneo Libarona y Gustavo Facundo Orazi.
El empresario quedó en libertad hoy miércoles a la madrugada cuando salió de la Comisaría 1A de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba detenido desde el día del hecho, salió acompañado del defensor Orazi. Sáenz Valiente deberá cumplir una serie de medidas que le impuso el juez: fijar residencia, la prohibición de acercamiento a los familiares de Rodrigues y de las testigos de la causa en un radio menor a los 500 metros, la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado de manera presencial o virtual. Todo eso " bajo apercibimiento de ordenarse su inmediata detención en caso de incumplimiento e inobservancia de su parte”.
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Para dictar la falta de mérito, el juez repasó lo que ocurrió esa noche, la declaración como testigos de otras tres mujeres que estuvieron en el departamento -al momento de la muerte solo había una- y las coincidencias y lo que todavía le falta a la investigación. También que por el momento no está probada la hipótesis de la fiscalía, a cargo de Santiago Vismara: que el empresario le suministró la droga a la víctima que terminó con su muerte.
“Si bien todo parece indicar que su hipótesis se orienta a que el suministro de estupefacientes y la facilitación del inmueble para el uso de sustancias prohibidas habría estado directamente vinculado a la muerte de la damnificada, no puede negarse la dificultad de así sostenerlo, al menos por ahora, ya que media una indeterminación en la imputación que impide así hacerlo”, dijo el juez. Por ahora, los resultados de las pericias toxicológicas no están disponibles.
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Del Viso agregó: “Por ejemplo, todavía la acusación no pudo comprobar los alcances de las maniobras, pues parecería necesario determinar cuál habría sido el vínculo de dependencia que mantuviera la víctima con la sustancia si es que la Fiscalía intenta acreditar una teoría del caso en ese sentido, y no puede olvidarse aquí lo dicho por el médico que practicara la autopsia, ya que en principio habría descartado que la damnificada fuera una antigua usuaria de material estupefaciente, aunque dejó planteada una interrogante vinculada a la espuma blanquecina que hallara en la nariz de la víctima. En síntesis, queda pendiente el informe toxicológico”.
“Las dudas, como puede observarse, parten del ámbito privado en el que sucedieran los hechos, pues fue dentro de un departamento y lejos de la vista de terceros imparciales, y si bien se oyeron gritos o alguna otra persona advirtió la caída de la víctima al vacío, todo sugeriría que el desenlace ocurrió sin siquiera la presencia de la única testigo que estuviera en el sitio durante el confuso episodio”, concluyó el juez sobre las dudas.
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